Cuando es más fácil divorciarse que cancelar el contrato del móvil

Fue en mayo cuando la portavoz de Consumo del PSOE en el Congreso presentó esta iniciativa, porque la factura de la crisis la están pagando «los más humildes», mientras que las grandes compañías de telefonía, gas, agua o luz, por ejemplo, «se van de rositas».

Así, subrayó que hoy en día es «más fácil» iniciar un trámite de separación o divorcio que no cancelar un contrato de suministro de telefonía o gas, por ejemplo, porque siempre las compañías «transmiten con máquinas parlantes». Es más, defendió que la Ley sobre los derechos de los consumidores es «ineficiente», a la vez que consideró que está «fragmentada» y «dispersa» y por ello plantea en esta iniciativa una serie de modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil para reforzar el papel de la tutela judicial para los consumidores.

En concreto, en la exposición de motivos de la normativa, el PSOE apunta a los casos «más recientes» en relación con la emisión de participaciones preferentes y deuda subordinada de determinadas entidades financieras, que han puesto en evidencia, a su juicio, los fallos del sistema de protección jurisdiccional de los consumidores y usuarios que requiere una revisión en profundidad para lograr que las leyes cumplan su función de tutela de los derechos e intereses de la ciudadanía. De hecho, relata que esta proposición de ley pretende paliar las carencias de la regulación actual para facilitar la tutela judicial efectiva a través de las asociaciones de consumidores y usuarios más representativas, atribuyendo además legitimación activa al Ministerio Fiscal en defensa de intereses difusos y colectivos, cuando el interés social lo justifique.

Además, dice que posibilitará así el llamamiento legal de terceros en procesos para la protección de derechos e intereses difusos y colectivos, facilitando la acumulación de acciones de reparación de daños y perjuicios causados tanto a los consumidores y usuarios como al interés general y fortaleciendo el ejercicio responsable de las acciones colectivas.

Precisamente, el Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó el proyecto de Ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, así como otras leyes complementarias, con el objetivo de mejorar su protección en todas las transacciones a distancia.

El texto incorpora la directiva europea de Derechos de los Consumidores, refuerza la seguridad jurídica de estos y de lso empresarios en operaciones de comercio electrónico o amplía el plazo legal para que el consumidor pueda desistir del contrato a un mínimo de 14 días naturales, se completa la información que, por ley, habrá que facilitar a los consumidores y se les dota de nuevos derechos en cuanto a los plazos de entrega y riesgo de pérdida o deterioro del bien adquirido, por ejemplo.

Asimismo, establece que el consumidor tenga que aceptar el precio final antes de que concluya la transacción para evitar las cargas encubiertas y que en los contratos telefónicos, el consumidor y usuario solo quedará vinculado una vez haya firmado la oferta o enviado su acuerdo por escrito en papel, por fax, correo electrónico o SMS. Se trata de la ley con la que se adaptará a la legislación española la directiva de 2011 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos de los consumidores.

Tras haber pasado por Consejo de Ministros el pasado 19 de abril como anteproyecto y tras el dictamen del Consejo de Estado y el trámite de audiencia, el proyecto pasará ahora a ser debatido en el Parlamento. Por ello, es previsible que el PP decline apoyar esta propuesta de ley, ya que es el propio Ejecutivo 'popular' el que ha presentado la suya propia.