El conductor kamikaze ingresa en la prisión de Guadalajara

El Tribunal Supremo anuló el pasado 7 de noviembre el indulto que el Gobierno concedió al conductor "kamikaze" de Valencia al no hallar su "lógica jurídica, excluyente de la arbitrariedad", ya que el Ejecutivo no especificó las razones que le llevaron a adoptar la medida de gracia.

La sentencia aprobada por la mayoría del pleno de la sala de lo contencioso-administrativo del alto tribunal contó con varios votos particulares, entre ellos el del primer ponente de la sentencia, Carlos Lemes -nombrado posteriormente presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo-, partidario de avalar el indulto.

Tras notificarse la sentencia, el Gobierno disponía de un plazo de tres meses para que, "si a bien lo tiene", volviera a conceder el indulto anulado mediante una resolución que señalara las "razones de justicia, equidad o utilidad pública" que exige la ley de indulto de 1870.

El pasado mes de enero, la Audiencia reclamó al Supremo que le remitiera "con urgencia" la sentencia de anulación del indulto, después de que la familia de la víctima del accidente, José Alfredo Dolz, de 25 años, hubiera reclamado a este tribunal el ingreso efectivo en prisión del kamikaze tras la anulación de su indulto, por el que sustituía una condena a trece años de cárcel por una multa de 4.000 euros.

Según la providencia de enero, la sección cuarta de la Audiencia Provincial -la que en enero de 2011 condenó a 13 años de cárcel al conductor- reclamaba "con urgencia la comunicación oficial del acuerdo judicial" del TS que tumbaba el indulto.

Además de la comunicación oficial de la sentencia, pedía la "constatación fehaciente de la notificación a las partes" de la misma, "a efectos del cómputo de los tres meses de plazo de suspensión de pena -al kamikaze- fijados en el fallo", tras lo cual resolvería sobre la petición de ingreso en prisión solicitada, que finalmente se ha establecido en el 21 de marzo próximo.