Expediente sancionador al ex alcalde del PSOE de Alcázar de San Juan por agitador

Según ha sabido EL DIGITAL de fuentes informadas, Bódalo habría conculcado el artículo 23 de la Ley de Protección y Seguridad Ciudadana. Hay otras dos personas expedientadas por razones similares.

El expediente, que deberá resolverse y notificarse en el plazo de seis meses, se ha iniciado a raíz de los hechos que tuvieron lugar el pasado 18 de febrero cuando a media mañana, tras la celebración de un pleno municipal, representantes del grupo municipal socialista pidieron permiso para utilizar determinadas dependencias del consistorio para informar alos vecinos sobre el tema de la privatización del agua. El alcalde denegó el permiso alegando que los grupos debían informar en sus propias dependencias municipales.

Desde el mismo ayuntamiento y a través de las redes sociales se convocó a la Plataforma contra la Privatización de Agua y varias personas se fueron sumando a la llamada, instalándose en el ayuntamiento y negándose a desalojar cuando así lo requirió la Policía Municipal. En total se encerraron 254 personas hasta que a las 11,30 h. depusieron su actitud y abandonaron el ayuntamiento de forma pacífica, excepto 23 de los reunidos, que decidieron quedarse con la intención de pasar la noche dentro. Los concentrados exhibieron pancartas y carteles en contra de la privatización del agua.

Bódalo, entre los encerrados

Entre las personas encerradas estaba José Fernando Sánchez Bódalo, quien fue alcalde de Alcázar de San Juan durante años. En la actualidad es concejal y ostenta el cargo de vicepresidente en la Diputación provincial. A primera hora del día 19 varias personas se concentraron ante el ayuntamiento con la intención de sumarse al encierro mientras la Policía Local intentaba evitarlo desde dentro y la Policia Nacional desde fuera. Algunas de las personas participantes estorbaron la labor policial, entre ellos el propio Sánchez Bódalo, que, según datos que constan en el expediente, actuó para abrir las hojas de la puerta de entrada e incluso llegó a increpar a los policías municipales.

Bódalo mantuvo la iniciativa de las personas que intentaban entrar y salió varias veces a la calle, animando a los concentrados a que no bajaran los brazos. A las siete de la tarde salió del ayuntamiento y convocó a los reunidos para el día siguiente a las ocho. Y efectivamente, a las ocho del día siguiente tuvo lugar la concentración y la cacerolada que tanto dio que hablar. Durante la jornada del 20 las salidas de Bódalo fueron más esporádicas, manteniendo una actitud similar a la de las horas precedentes.

Deberá resolverse antes de seis meses

Por todo ello, la Subdelegación del Gobierno ha iniciado el expediente sancionador al entender que Sánchez Bódalo fue el promotor y organizador de la concentración no comunicada, que iría en contra de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Protección y Seguridad Ciudadana. Como ya hemos indicado, el expediente deberá resolverse antes de seis meses y hay dos personas más en la misma situación.

Se da la circunstancia de que Sánchez Bódalo es vicepresidente de la Diputación de Ciudad Real, organismo que tiene contratado el servicio de agua de más de veinte municipios con la misma empresa a la que el ayuntamiento de Alcázar ha adjudicado la gestión del agua de la localidad. En determinados medios políticos no se entiende la contradicción que supone que Bódalo defienda para el resto de pueblos de la provincia lo que condena en el suyo propio.

Por otra parte, en el PP de Ciudad Real no han dejado en ningún momento de recordar que José Fernando Sánchez- Bódalo está imputado por la Audiencia Nacional por el caso de la desaparecida Caja Castilla-La Mancha (CCM). El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos por Alcázar (CxA), Ángel Montealegre, exigió en su momento su dimisión como alcalde tras la imputación y recordó que ya fue multado con más de 57.000 euros por su participación en la gestión de la entidad de ahorro. Igualmente, el exalcalde alcazareño está también imputado en el Juzgado de Instrucción número 2 de Alcázar de San Juan por la gestión de Aguas de Alcázar, que en la actualidad arrastra una deuda de ocho millones de euros.