El Tribunal Supremo sanciona a un exconsejero de Barreda

El Tribunal Supremo ha confirmado la sanción de 57.000 euros para el exvocal del Consejo de Administración de Caja Castilla-La Mancha, exconsejero de Industria y Trabajo del Gobierno socialista de Barreda y exalcalde de Alcázar de San Juan José Fernando Sánchez Bódalo por por dos infracciones muy graves a la legislación bancaria.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal confirma así la sentencia de la Audiencia Nacional que avaló la multa fijada por el Ministerio de Economía por la comisión de dos faltas muy graves.

Sánchez Bódalo, la mano derecha de Juan Pedro Hernández Moltó, ambos imputados por el caso CCM, tendrá que abonar una multa de 35.000 euros por la comisión de una infracción muy grave de la normativa sobre Disciplina e Intervención de las entidades de crédito, según aparece recogido en el Boletín Oficial del Estado de este jueves. Esta infracción consiste en "presentar la entidad de crédito, o el grupo consolidable o conglomerado financiero a que pertenezca, deficiendias en su estructura organizativa, en sus mecanismos de control interno o en sus procedimientos administrativos y contables, incluidos los relativos a la gestión y control de riesgos, cuando tales deficiencias o viabilidad de la entidad o la del grupo consolidable o conglomerado financiero al que pertenezca".

La otra multa de 12.000 euros se impone a Sánchez Bódalo por ser uno de los responsables de que CCM mantuviera una "insuficiente cobertura de los requerimientos de recursos propios mínimos, cuando estos se sitúen por debajo del 80% del mínimo establecido reglamentariamente en función de los riesgos asumidos". También, según prosigue la normativa bancaria, "cuando estos recursos propios mínimos se mantuviera por debajo de los requerimientos de recursos propios exigidos por el Banco de España, permaneciendo en tal situación por un período mínimo de seis meses".

La caja no disponía de recursos propios mínimos a diciembre de 2008 y los remitidos por la entidad en marzo de 2009 no habían tenido en cuenta los ajustes requeridos por la inspección del Banco de España, situándose su coeficiente de solvencia en el 1, 23% frente al 8% exigible y un déficit porcentual cercano al 85%.

El ex directivo de CCM y alcalde socialista de Alcázar de San Juan tendrá que hacer efectiva el pago de esta multa después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo confirma así la sentencia de la Audiencia Nacional que avaló la multa fijada por el Ministerio de Economía por la comisión de dos faltas muy graves.

Según informa el digital Vozpopuli, Sánchez Bódalo tuvo una importante participación en la construcción del Aeropuerto Fantasma de Ciudad Real, tras la ampliación de la participación de CCM en el Aeropuerto de Ciudad Real, del 25% al 37, 6%, sin que hubiera informe de la Comisión de Inversiones, caso similar a lo ocurrido con inmobiliarias como 'Centrum', 'Lohtse Desarrollos Inmobiliarios'. En casos como Metrovacesa, el Consejo de CCM no se dio por informado de la OPA parcial a la que acudió la caja y respecto a otras inmobiliarias no se informó al consejo de CCM Corporación ni al de la entidad y tampoco hubo informe de la Comisión de Inversiones.

Estas decisiones afectaron a la situación económica y patrimonial de la caja, pues existió un deterioro en el valor de los activos de 35 de las 45 sociedades participadas por un total de 417, 2 millones de euros, con un impacto de 221, 9 millones en la cuenta de los resultados del grupo.

Tras la intervención de CCM por el Banco de España el 29 de marzo de 2009, el supervisor abrió expedientes sancionadores a sus máximos responsables, así como a una veintena de miembros que formaron parte del Consejo de Administración en la última etapa de la caja, ahora en el grupo Liberbank, entre los que se encontraba Sánchez Bódalo.

Las mayores sanciones, que sumaban un total de 1,085 millones, fueron para el expresidente y el ex director general de la entidad, Juan Pedro Hernández Moltó e Ildefonso Ortega, a los que el Banco de España propuso imponer una multa de 155.000 y 150.000 euros, respectivamente, además de inhabilitarles durante cinco años.