Pucherazo en el Podemos de Pablo Iglesias en Alicante
Los militantes han sido sancionados por inscribir a menores en el censo y desacreditar a otros candidatos a la dirección a través de cuentas falsas en redes sociales
miércoles 30 de septiembre de 2015, 21:00h
La comisión de Garantías Democráticas de Podemos en la Comunidad Valenciana dio ayer trasladado de su decisión, adoptada el pasado 16 de septiembre en reunión extraordinaria de sancionar a 10 miembros de su cúpula en la ciudad de Alicante por un supuesto «pucherazo» en las elecciones al consejo ciudadano local del pasado mes de enero.
Entre otros han sido sancionados el secretario general, Jesús Bustos, la actual diputada autonómica Covadonga Peremarch, y buena parte de su cúpula: Eros Labara, Rubén Santana, Sergio Montero, Geles Britz, Daniel Gomis, Pablo Ángel Arrollo, José Gabriel Mohedano y Pau González, acusados de «presuntas irregularidades electorales» como modificación de lugar de residencia o edad en inscripciones para posibilitar el voto en las elecciones al consejo ciudadano de alicante.
No obstante, tras el recurso de éstos al comité estatal de Garantías de la formación, su sanción (1 año de suspensión de militancia e inhabilitación) queda suspendida hasta resolución definitiva.La investigación interna, que se originó después de la denuncia de cuatro ex miembros del consejo ciudadano -que denunciaron que se podían haber falseado datos para inflar el censo de participantes en las primarias en Alicante-, establece como hecho probado que se creó un grupo de Whatsapp llamado «Ganemos Elda» para influir en el resultado de las elecciones. Que en él además de falsear cuentas en redes sociales y datos de las inscripciones, se aludía terceras personas de forma despectiva.
El órgano disciplinario también se hace eco de la «situación conflictiva que se vive en el Círculo Podemos de Alicante y en el Consejo Ciudadano, así como de la enemistad manifiesta existente entre algunos de sus consejeros». Pero que en cualquier caso «ni tolera ni tolerará las conductas llevadas a cabo, y mucho menos en este caso por la condición de secretario general y consejeros ciudadanos de los afectados, puestos internos de la organización que nos representan a todos (con independencia de si los representados son o partidarios o detractores) y a los cuales un plus de ética, honestidad y responsabilidad se les debe exigir».