Artículo de opinión de Encarnación Jiménez : Libres e Iguales

Recientemente hemos asistido a la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional con el objetivo de dotar a este de una serie de potestades en orden a la ejecución de sus sentencias. Facultades que hasta ahora carecía.

Hace unos días este hecho fue objeto de una agradable conversación con mi buen amigo Jean Michel en el Casar. Por ello, me gustaría compartir algunas reflexiones con todos los que decidan acompañarnos en esta conversación.

En el año 79 tenía lugar la publicación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Casi con total seguridad, el legislador no contempló la posibilidad de que las sentencias del alto Tribunal fueran objeto de desacato e incumplimiento.

Que la Constitución, la norma que obtuviera el mayor consenso político de nuestra historia, avalada de forma abrumadora por la inmensa mayoría de los españoles en las urnas, esa norma que garantiza nuestra libertad, nuestra prosperidad y nuestra integración en Europa sea vapuleada y ninguneada, no entraba en las previsiones del legislador.

Hoy, 36 años después, esos principios son puestos en tela de juicio por un megalómano. Más que un presidente de la Generalitat de Cataluña es un caudillo de república bananera donde el cohecho por derecho da paso a la deslealtad y al desacato. En esta situación de desafío rupturista, donde lo que está en juego es la defensa de España y de los españoles, caben dos posturas: una, la del Partido Popular con la unidad de España por bandera, con las cosas muy claras, reforma la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional con el objeto de reforzar nuestro estado de derecho y al propio Tribunal Constitucional.

La reforma consiste, ni más ni menos, en declarar explícitamente que las resoluciones del Tribunal Constitucional tendrán la consideración de títulos ejecutivos. El Tribunal podrá realizar notificaciones personales a las autoridades o funcionarios públicos, podrá imponer multas coercitivas a quien incumpla el fallo, ya a nadie le saldrá gratis el desacato a las sentencias del Tribunal Constitucional. Podrá acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o funcionarios responsables del incumplimiento o acordar la ejecución sustitutoria por parte del gobierno de la nación y exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder.

Además, los juzgados y tribunales prestarán con carácter preferente y urgente auxilio jurisdiccional al Tribunal Constitucional.

En definitiva, las sentencias del Tribunal Constitucional, tendrán título ejecutivo.

No encuentro explicación alguna para que el PSOE haya votado en contra de esta iniciativa que mejora la efectividad de los fallos del Tribunal Constitucional y que ofrece una respuesta contundente frente a los desacatos.

La otra postura es precisamente esa, la del PSOE que no ha recuperado el rumbo perdido con Zapatero, aquél que nos colocó al borde del precipicio económico y que “filosofaba” con el concepto de España y de Nación como algo “discutido y discutible”.

De esos polvos, estos lodos.

En mi modesta opinión, en un país democrático y avanzado, las resoluciones de los tribunales se cumplen.

Encarna Jiménez Mínguez
Diputada del Partido Popular por Guadalajara