Según publica el digital Vozpópuli
El pacto PSOE-Podemos naufraga en Castilla-La Mancha en sólo medio año
Por
REDACCION
x
redaccionguadanewses/9/9/19
domingo 10 de enero de 2016, 09:58h
Según publica Segundo Sanz este domingo en el digital Vozpópuli, sólo se ha cumplido el 60% del acuerdo de investidura sellado en junio. De las once grandes medidas que recoge un informe de la formación morada, siete permanecen paralizadas o se encuentran todavía en fase de tramitación. El documento pone de manifiesto una falta de compenetración entre socialistas y populistas, justo cuando se baraja una alianza a nivel nacional.
El acuerdo de investidura cerrado por PSOE y Podemos el pasado 15 de junio en Castilla-La Mancha sólo se ha cumplido al 60% en las medidas acordadas para antes de 2016. Así se desprende de un informe interno elaborado por el partido de Pablo Iglesias, donde la formación morada hace balance de la actividad parlamentaria del año pasado en esta comunidad. El documento pone de manifiesto una falta de compenetración de ambas fuerzas que no puede pasar inadvertida en un momento como el actual, en el que se baraja una alianza entre socialistas y populistas a nivel nacional.
El propio presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, ha afirmado que ve posible un acuerdo con Podemos similar al logrado en su región, firmado antes de que la formación de Iglesias se comprometiera a la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña en 2016.
El partido morado ha querido presionar al Gobierno regional, a través de este informe, para que desbloqueen aquellas iniciativas pactadas que ya debían haber visto la luz. De las once grandes medidas a las que hace referencia Podemos, siete permanecen paralizadas o se encuentran todavía en fase de tramitación. En cambio, ya existe cierto grado de cumplimiento en otras cuatro.
En concreto, según sus socios, el Ejecutivo de Emiliano García-Page mantiene "sin desarrollar" el plan de rescate habitacional, la ley de sobreendeudamiento, la reforma tributaria autonómica o la ley de auditoría ciudadana de la deuda. Sobre esta última, el partido de José García Molina, secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha y vicepresidente primero de las Cortes, señala que antes del 20 de noviembre tenía que haberse aprobado el proyecto de ley de creación de una nueva Cámara de Cuentas y que para finales de 2015 debían estar listos los primeros informes externos sectoriales de dicho órgano. Nada de ello se ha conseguido hasta ahora.
Tal y como señala el digital Vozpópuli, el informe revela que Podemos todavía espera más pasos del Gobierno socialista en la tramitación de ley de transparencia y buen gobierno, la de participación ciudadana y la creación del escaño ciudadano. Respecto a la primera iniciativa, la formación morada indica que "hemos presentado alegaciones" al texto del Gobierno y que "esperamos respuesta para ponerla en marcha en los primeros meses de 2016". Este normativa, que incluirá la ley de Cuentas Abiertas impulsada por Podemos, se esperaba para noviembre de 2015. En cuanto a la ley de participación ciudadana, el partido de García Molina ya ha remitido un borrador al PSOE y también aguardan contestación con el deseo que el texto vea la luz en este primer trimestre. En lo relativo al escaño ciudadano, Podemos precisa que ha tenido que desarrollarlo a través de la aplicación Appgree "ante el incumplimiento de que temporalmente se aprobara por acuerdo de la Mesa de la Cámara". Tal acuerdo estaba fijado para septiembre de 2015.
Las cuatro medidas restantes que recoge el informe y que, a su juicio, sí están avanzadas son aquellas que guardan relación con la ley de dependencia, la recuperación del acceso universal e igualitario a la sanidad, el plan integral de lucha contra la desigualdad social y los procedimientos de emergencia ciudadana. En materia de dependencia, Podemos se congratula de la derogación de la orden de 29 de julio de 2013 de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales "que establece el catálogo de servicios y prestaciones económicas del sistema para la autonomía y atención a la dependencia", pero subraya que todavía queda pendiente de derogar el decreto 26/2013 del "procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia". Tales medidas fueron incluidas por Podemos en el acuerdo de investidura de junio para su "aplicación inmediata".
Respecto a la recuperación del acceso universal a la sanidad, Podemos indica que "se ha consensuado un documento muy favorable" con el Gobierno de García-Page, pero que "todavía no se ha publicado en el DOCM" porque el Ejecutivo socialista "está estudiando la forma legal para evitar la suspensión por parte del Tribunal Constitucional como ha ocurrido en otras comunidades".
Según afirma Vozpópuli, en cuanto a las dos últimas medidas (plan contra la desigualdad y ley de emergencia ciudadana), Podemos se remite a una dotación de 600 millones de euros que ha sido incluida en los Presupuestos regionales para 2016, pendientes aún de su aprobación definitiva. Sin embargo, la formación morada añade que "sólo se han avanzado" algunas de las posibles actuaciones a sufragar con este dinero, como el aumento de 1,5 millones en ayudas públicas.
El PP emplazó este viernes al Gobierno de García-Page y a sus socios de Podemos a "detallar cifra por cifra esta partida presupuestaria, porque el aumento del techo presupuestario para 2016 es sólo de 39 millones de euros, y no de los 600 que componen el montante total destinado a rescate ciudadano". El partido de García Molina llegó a amenazar en septiembre con no apoyar las cuentas de García-Page si no se financiaban tales procedimientos de emergencia ciudadana.
Asimismo, los populares subrayan que hacen falta más de 100 millones de euros para que se cumplan los acuerdos de PSOE y Podemos sobre dependencia. Según el PP, "hay más de 25.000 personas en el limbo de la dependencia que, habiendo sido valorados, están pendientes de recibir algún tipo de prestación".
Además, la oposición apunta que la renta mínima garantizada que aprobaron conjuntamente el PSOE y Podemos no está reflejada en los Presupuestos, una medida que tendría un coste de 39 millones de euros. "Queremos saber si van a incumplir sus propuestas, sus resoluciones y su voto; así se sabrá si sólo se dedican a dar eslóganes y al postureo", recalcan los populares.