Duro varapalo judicial al PSOE de Castilla La Mancha: La Audiencia condena a Moltó a dos años de cárcel por el caso CCM

La Audiencia Nacional ha condenado al expresidente de Caja Castilla-La Mancha (CCM) y exdiputado del PSOE Juan Pedro Hernández Moltó y al exdirector general Ildefonso Ortega por un delito societario de falsedad contable cometido al manipular las cuentas de la entidad, a la pena de dos años de cárcel y a otra de inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en el sector financiero durante el tiempo de su condena.

En la sentencia, el Juez Central de lo Penal José María Vázquez Honrubia impone a cada uno el pago de una multa de 29.970 euros y les obliga a satisfacer la mitad y a partes iguales las costas causadas, incluidas a las de la acusación particular y popular, ejercidas por la asociación Adicae y la propia caja de ahorros.

El magistrado absuelve a ambos directivos del delito societario de administración fraudulenta que les atribuían ambas acusaciones, aunque sí reconoce que alteraron la cuenta de resultados de la entidad para que reflejara beneficios inexistentes en 2008. En concreto, el juez señala que ambos "utilizaron un ardid contable" para tapar "unas pérdidas que se podrían denominar galopantes" relativas a valores cotizados.

En opinión el juez, las cuentas eran falsas "al no haber existido jamás un beneficio de 93 millones de euros". No obstante, también considera que no existe "la certeza" de que el vaciamiento de la caja se debiera a una "acción voluntariamente intencional" de los acusados.

Asimismo, la Audiencia tumba la pretensión de Moltó de que él era "animador sociocultural y reina de Inglaterra" en CCM, pero no banquero, declaraciones que califica de "sarcásticas" y "absolutamente inadmisibles". "Aunque el presidente según los estatutos era un cargo no ejecutivo realizaba evidentes funciones de gestión pues no sólo presidió el comité de dirección sino que se reunía constantemente con directores de área y con los del comité de riesgos y con la dirección financiera".

" Ha quedado perfectamente acreditado que Hernández Moltó era quien dirigía y gestionaba personalmente todos los temas de la tan repetida fusión intentada con Ibercaja y Unicaja, mal puede invocar un carácter puramente representativo quien realizaba actos tan determinates", añade.
Lo que resulta claro para el juez es que ambos acusados son coautores de puesto que realizaron todo "conjuntamente y de mutuo acuerdo".

Aunque no hay duda de que fue Ortega quien configuró el artificio contable, ello no exime de responsabilidad a Hernández Moltó, quien asumió dicho artificio en su condición de presidente y representante de la caja.

También destaca que tanto Hernández Moltó como Ortega sabían que el Banco de España consideraba la entidad como "no viable", por lo que todo el "calendario" fijado por ambos para la gestión de la caja carecía de sentido.

Y así, señala la sentencia, se hizo constar el 31 de diciembre de 2008 que la entidad tenía ganancias, cuando su situación financiera era tan crítica que tuvo que ser intervenida tres meses después.

Asimismo, el juez señala que los créditos concedidos por CCM lo fueron sin observar las prácticas bancarias habituales y advirtiéndose "en principio cierto trato de favor" en algunos casos, ya que ciertos préstamos resultaron total o parcialmente impagados

Caja Castilla-La Mancha fue la primera caja de ahorros española en ser intervenida y nacionalizada, en marzo de 2009, después de que fracasara el intento de venta a Unicaja y de que el auditor, Ernst&Young, se negara a firmar las cuentas de 2008. El Banco de España cuantificó en 253,8 millones de euros las operaciones y los perjuicios económicos que los gestores causaron en la entidad.

El Estado le inyectó capital por 1.300 millones, y se vendió a Cajastur con unas garantías contra pérdidas (esquema de protección de activos) de una cartera de más de 6.000 millones, con una pérdida esperadda de 2.475 millones.

Según Anticorrupción, el 10 de febrero de 2009, con la "aquiescencia" de Hernández Moltó, Ortega envió al Banco de España unos estados financieros y consolidados públicos de la entidad que ignoraron los requerimientos que el supervisor había venido haciendo desde 2004 y no reflejaban su "situación financiera real".