Atención : el Estado retiene pagos a 120 municipios de Guadalajara, entre ellos a Cabanillas del Campo
El Ministerio de Economía ha retenido el pago en los tributos del Estado del mes de octubre a 223 municipios de Castilla-La Mancha que todavía no han cumplido con la obligación de presentar la liquidación de sus presupuestos de 2010.
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REDACCION
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redaccionguadanewses/9/9/19
miércoles 22 de octubre de 2014, 11:14h
El Ministerio de Economía y Hacienda retenido el pago de la participación en los tributos del Estado del mes de octubre a 223 municipios de Castilla-La Mancha que todavía no han cumplido con la obligación legal de presentar los datos de liquidación de sus presupuestos de 2010. Hacienda ha aplicado esta medida a 1.022 municipios españoles, a los que les retendrá 13,6 millones de euros, dinero que se desbloqueará en cuanto los municipios cumplan con la obligación legal de presentar la liquidación presupuestaria del ejercicio de 2010, tal y como establece el artículo 36 de la Ley de Economía Sostenible. Más del 20 por ciento de los municipios afectados son de Castilla-La Mancha, entre ellos Alcázar de San Juan (Ciudad Real) o Cabanillas del Campo (Guadalajara). La decisión afecta a sobre todo a pequeñas localidades de Guadalajara (un total de 120) y de Cuenca (56), según ha comprobado Efe en el listado de municipios que no presentaron en plazo la liquidación del presupuesto. SIGUE
Menor incidencia tiene en Ciudad Real, con 19 localidades; Albacete, con 11, y Toledo, con 17, entre ellas Illán de Vacas, con cinco habitantes censados, el pueblo menos poblado de España.
Los municipios tenían un plazo que cumplía el pasado 30 de septiembre para remitir a Hacienda la información relativa a la liquidación de sus presupuestos, pero sólo lo han hecho 7.092 municipios, el 87,4 por ciento del total.
El Ministerio de Economía y Hacienda especifica que la retención de los anticipos de octubre no implica para los 1.022 municipios afectados la pérdida de esos recursos, que serán reintegrados a las arcas municipales a medida que los ayuntamientos vayan cumpliendo con sus obligaciones de información, en el pago inmediatamente posterior