El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha admitido a trámite los recursos contencioso-administrativos presentados por el STE-CLM Intersindical contra las órdenes de plantillas orgánicas de los centros docentes, publicadas por la Consejería de Educación el pasado 12 de febrero, en las cuales se establecía la supresión y amortización de más de 673 plazas de profesorado funcionario de carrera con destino definitivo.
“Estas plantillas se han elaborado en base a unas ratios que son ilegales, ya que el número de alumnos por aula en nuestra región excede en un 20% lo establecido por la ley a nivel estatal”, afirman desde el sindicato. En Enseñanzas Medias, “la provincia más afectada por los recortes es Albacete, con 161 puestos de trabajo amortizados, seguidos por Toledo (138), Ciudad Real (130), Cuenca (63) y Guadalajara (7). En cuanto a maestros, se suprimen 54 puestos de trabajo en Educación Infantil y 120 en Primaria. En cuanto a unidades, se suprimen 21 unidades en Infantil, 46 en Primaria y 2 en Educación Especial. Esto es la publicación oficial de la consolidación de los recortes y de la no creación de empleo en Educación por parte del gobierno regional”, añaden.
STE-CLM decidió acudir a los tribunales “ante la política continuista con los recortes educativos llevada a cabo por el Gobierno regional, que, no satisfecho con no recuperar el empleo destruido en los últimos años, continúa suprimiendo plazas de profesorado de forma ilegal, mientras la Consejera presume cínicamente de crear empleo”. “Estas órdenes de plantillas establecen las plazas de profesorado definitivo que se crean y se suprimen para el curso siguiente, siendo los criterios fundamentales para su confección el número de alumnado por aula y el número de horas lectivas”, dicen.
Desde STE-CLM “venimos denunciando desde hace meses la ilegalidad de las ratios en nuestra región, que sobrepasan en un 20% lo permitido por la ley a nivel estatal (que es 25 alumnos en Primaria y 30 en Secundaria). Recordamos que ante la no modificación de dichas ratios para el curso que viene, por parte de la Consejería, que publicó una resolución sobre ratios idéntica a la del PP del curso pasado, desde STE-CLM presentamos un recurso contra dicha resolución por la que se establece la relación de alumnos por aula para el curso 2016/2017”.
Para los sindicalistas, “una de las consecuencias de estas ratios ilegales es que continúan los recortes en las plantillas de los centros educativos para el curso que viene. Además, la masificación de las aulas en nuestra región supone una dificultad añadida para ejercer la labor docente e incluso riesgos en los talleres y en la FP, además de que imposibilita la atención a la diversidad, la evaluación individualizada, etc. Es decir, entorpece la posibilidad de ofrecer una educación de calidad al alumnado”.
Por otro lado, informan de que “tampoco se ha reducido el horario lectivo del profesorado, el más alto del país, a pesar de que el Pacto de investidura firmado ante notario entre PSOE y Podemos establecía su reducción para enero de 2016, que es otra de las causas de destrucción de empleo”.
“Recordamos que fue la subida de ratios y horario lectivo lo que provocó la destrucción de más de 5300 puestos de trabajo de profesorado, y que al no haberse modificado ninguna de estas condiciones, no solo no se recupera empleo, sino que se continúa destruyendo. Este año se añade el agravante de que esto se pretende llevar a cabo de forma ilegal, como ha reconocido en mesa sectorial la propia Consejera”.
Y finalizan: “Las consecuencias de esta nueva destrucción de empleo serán que al suprimir profesorado definitivo, los afectados se verán probablemente desplazados forzosamente de sus puestos a plazas provisionales hasta ahora ocupadas por docentes interinos. Y tras la convocatoria de oposiciones muchos funcionarios con plaza permanecerán en expectativa de destino indefinidamente en aquellas provincias donde más han afectado los recortes. Desde STE-CLM no vamos a consentir que el gobierno regional cometa ilegalidades, y por ello hemos impugnado estas órdenes ante el Tribunal Superior de Justicia, para intentar frenar este nuevo varapalo a la calidad educativa de los centros públicos de Castilla-La Mancha y a las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza”.
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