Según afirma Ahora Alovera, “el Ayuntamiento de Alovera abonará 90.064,42 € por 30 facturas que no se ajustan a los procedimientos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público, de acuerdo con varios informes de la intervención municipal de marzo y abril de 2016, que es el órgano encargado de fiscalizar los gastos del Consistorio”.
De esta manera, se habrían aprobado pagos por servicios que han sido encargados sin respetar los trámites legales de contratación. “Del total de facturas, trece corresponden a contratos que ya han expirado, mientras que para otras cinco no consta la existencia de contrato alguno. A estas dieciocho facturas hay que sumar otras doce, para las que no se habría reconocido previamente la obligación de pago”.
Los informes de fiscalización “constatan una forma de gestión de los caudales públicos totalmente reprobable, que parece haberse instalado en nuestro Ayuntamiento con el gobierno de Purificación Tortuero”, dicen desde Ahora. Y añaden: “Debemos recordar a nuestra alcaldesa que la finalidad de la Ley de Contratos es regular la contratación del sector público, garantizando los principios de libre acceso a la licitación, publicidad, transparencia e igualdad de trato. Y que no puede haber eficiencia en el gasto público sin la definición previa de la necesidad a cubrir, la competencia entre los licitadores y la selección de la oferta económicamente más ventajosa”.
A continuación se da cuenta de los informes de intervención donde se han detectado las irregularidades, según Ahora Alovera, con sus propias explicaciones:
Informe de fiscalización de facturas. Expediente 476/2016
En un informe de fecha 14 de marzo de 2016, la interventora señala que hay seis facturas para las que “se constata la expiración de los contratos”, es decir, las empresas están realizando trabajos para los que no se ha seguido el procedimiento de contratación necesario. El importe total de esas facturas asciende a 31.187,06 €.
En el mismo informe se indica que para otras dos facturas, por un importe total de 4.115,39 €, tampoco existe contrato en vigor que dé soporte a las mismas, ya que a la empresa se la contrató hace años, pero el contrato expiró en 2013. Por ese motivo, la interventora recuerda que “la duración máxima de los contratos menores no puede exceder de un año, no estando permitidos los contratos menores con una duración superior. Tampoco podrán ser objeto de prórroga”.
Ahí no terminan las irregularidades en materia de contratación que aparecen en el informe, pues según consta en el mismo, en referencia a otras doce facturas, “ se constata que han sido objeto de pago sin haber procedido previamente al reconocimiento de la obligación tal y como exige la normativa presupuestaria”. Y termina la referencia aseverando que “no se habría seguido el procedimiento legalmente establecido para ello”. La suma de estas facturas asciende a 16.981,46 €.
Dada la gravedad de los reparos formulados por la interventora, finaliza con la indicación de que los mismos “tienen carácter suspensivo de la tramitación del expediente por omisión de requisitos esenciales (art. 216 del T.R. 2/2004 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales)”.
Pese a ello, la alcaldesa informó en el pleno de 28 de marzo del levantamiento del reparo de intervención y de la orden de proceder al pago de las facturas.
Informe de fiscalización de facturas.Expediente 524/2016
Con fecha 15 de marzo, la intervención municipal informa sobre un expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos. Señala que en dicho expediente existe una factura por un importe de 865,39 € para la que “no consta la existencia de ningún contrato para la prestación de servicios… Tal y como ha venido informando el anterior interventor”.
Además, en el expediente aparece otra factura por un importe de 9.242,96 € para la que “se constata la expiración del contrato que es base de estas facturas. Por otro lado en ningún caso podrá producirse prórroga del contrato, tal como establece el artículo 23 Texto Refundido ley de Contratos del Sector Público 3/2011, por el consentimiento tácito de las partes”.
Informe de fiscalización de facturas. Expediente 768/2016
El 19 de abril de 2016, otro informe de la interventora sobre un nuevo expediente extrajudicial de reconocimiento de créditos, pone de manifiesto más irregularidades a la hora de contratar por parte del Ayuntamiento. Se relacionan en el mismo cuatro facturas, por un importe total de 10.862,52 €, para las cuales “no consta la existencia de ningún contrato para la prestación de servicios... Tal y como ha venido informando el anterior interventor”.
Para dejar más constancia si cabe de la grave irregularidad observada, la funcionaria remarca que “es necesario recordar que para la cesión de contratos administrativos regulado en el artículo 226 TRLCSP 3/2011 es necesario a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión, lo cual no consta tampoco”.
Informe de fiscalización de facturas. Expediente 693/2016
El informe de fecha 13 de abril redunda en las irregularidades de los anteriores, pues, en referencia a las cuatro facturas que incluye el expediente, “se constata la expiración de los contratos que son base de estas facturas”. La suma de los importes asciende a un total de 16.809,64 €.
De nuevo, los reparos de la interventora “tienen carácter suspensivo de la tramitación del expediente por omisión de requisitos esenciales”. La alcaldesa informó en el pleno de 25 de abril del levantamiento del reparo de intervención y de la orden de proceder al pago de las facturas.
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