Los dependientes de Castilla-La Mancha indignados y decepcionados con Page le acusan de "electoralista y de hacerse autopropaganda"

La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha ha hecho público un durísimo comunicado contra la Consejería de Bienestar Social del Gobierno regional, que preside el socialista Emiliano García-Page. De hecho, la Plataforma ha criticado que "lo que en campaña electoral era prioridad del Gobierno actual, se ha convertido en una vuelta de tuerca a la política que se está llevando a cabo con este colectivo".

Por todo ello, anuncia un "otoño caliente en Dependencia" y asegura: "Creíamos que no tendríamos que volver a hacer convocatorias tan dolorosas como nos vimos obligados con Cospedal, pero no dudaremos en sacar a la calle a este colectivo para vergüenza de nuestros dirigentes regionales y hacerles ver que la política que se está llevando está generando el más absoluto rechazo por parte de las personas en situación de dependencia". "Las fotografías y la autopropaganda que se está intentando dar la Consejería de Bienestar Social no ha conseguido enmascarar la realidad que miles y miles de dependientes sufren día a día", añade la Plataforma en su texto de denuncia.

Según el colectivo de dependientes, "los expedientes que están esperando a ser tramitados y, por tanto, se encuentran en los cajones de la Consejería de Bienestar Social, han aumentado durante el mes de julio y ya son dos meses en los que esto ocurre". En el séptimo mes del año, según la Plataforma tras analizar los datos publicados por el IMSERSO, hay 187 personas dependientes mas "olvidadas y perdidas en la burocracia de la Consejería". "En estos momentos 3.559 dependientes no están ni valorados. ¿Cuántos de ellos fallecerán sin haber sido visitados por un valorador?", se pregunta.

"En 14 meses de Legislatura solo se han rebajado en 1.899 los expedientes paralizados, cuando el compromiso, tanto en campaña electoral como en el discurso de investidura del presidente de nuestra región fue terminar en un año con las 5.458 solicitudes pendientes de valorar que había a la llegada de este Ejecutivo", recuerda la Plataforma, que asegura además que "sigue habiendo una cantidad vergonzosa de dependientes sin atender con grado reconocido y, por tanto, con derecho a recibir alguna prestación o servicio".

Por si fuera poco, la situación de los cuidadores familiares, que en muchos casos atienden a los dependientes en situaciones más extremas, muchos de ellos niños, no ha mejorado en los últimos meses. "A nivel nacional sus prestaciones llevan seis meses aumentando mientras que en Castilla-La Mancha no han dejado de disminuir en todos los meses de Gobierno de este Ejecutivo", al que acusan de dejarles "en la más absoluta desprotección". Según la Plataforma, los cuidadores familiares "fueron en la anterior legislatura bandera del partido que sustenta a este Gobierno" y ahora "están siendo tratados aún peor por la Consejería".

A ello añade que se "sigue olvidando" el derecho que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que declaró, a instancia del recurso de la Plataforma, nula de pleno derecho la orden de prestaciones anterior. "Se están enviando, de forma masiva, reclamación de cantidades, supuestamente cobradas de forma indebida, cuando desde la Consejería son perfectamente conscientes de la ilegalidad de estas reclamaciones", añade.

Exigen el cese fulminante de la directora general de Dependencia, Ana Saavedra.-
La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha ha exigido este domingo en un comunicado el cese fulminante de la directora general de Dependencia de la Junta, Ana Saavedra, a la que han acusado de "ignorancia" e "indignidad" en relación a unas declaraciones relativas a las prestaciones.

"En el día de hoy, la directora general de Dependecia del Gobierno de Castilla-La Mancha (Ana Saavedra) ha realizado unas manifestaciones impropias de un cargo público y que deberían tener como consecuencia un CESE FULMINANTE por parte del Presidente de nuestra Comunidad.

La sra. Saavedra, en un acto de ignorancIa o, lo que es peor, de indignidad política ha dicho de forma textual en relación a la reclamación de indebidos que se está realizando por parte de la Consejería de Bienestar Social que "se realiza cuando el usuario no ha cumplido la exigencia de la ley de que, como beneficiario de una prestación, todo ciudadano debe comunicar a la Administración los cambios que se hayan producido en su situación personal. La ayuda a tercera persona y la prestación por hijo a cargo, que son consideradas "de análoga naturaleza", siendo por lo tanto deducibles de la prestación económica para el cuidado en el entorno familiar. Pero se trata siempre de reclamaciones individuales, para aquellos beneficiarios incívicos que no cumplen con las obligaciones que les dicta la ley".

Ante esta indignidad, la Plataforma quiere manifestar:

"Que es impropio de un alto cargo, como es el de directora general de Dependencia, el desconocimiento o la mentira en relación a las obligaciones que tienen los dependientes con la Administración. La Ley 39/2006 en su punto 4.4. párrafo segundo, dice de forma textual “las personas en situación de dependencia y, en su caso, sus familiares, o quienes les representen, no estarán obligados a aportar información, datos o documentos que obren ya en poder de la Administración Pública que los solicite o que, de acuerdo con la legislación vigente, pueda ésta obtener por sus propios medios”.

Por tanto, no es obligación del dependiente, como está diciendo la Sra. directora general, comunicar ni aportar información que la Administración puede recabar por sus propios medios, luego es RESPONSABILIDAD DE LA IMPERICIA DE LA CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL el retraso en aplicar la incompatibilidad entre las cantidades recibidas por prestación económica y el complemento de ayuda a tercera persona (ATP). Este reconocimiento del complemento de ATP lo realiza la propia Consejería de Bienestar Social, normalmente en un mismo acto de revisión de grado de dependencia, por lo que DESDE ESE MISMO MOMENTO, la Administración CONOCE LAS POSIBLES INCOMPATIBILIDADES QUE PUEDAN DARSE.

El que la Consejería tarde MÁS DE UN AÑO Y MEDIO EN REGULARIZAR ESAS CANTIDADES no es responsabilidad del administrado sino del administrador. Es ABSOLUTAMENTE FALSO que sean incompatibles las prestaciones por hijo a cargo con las prestaciones para cuidados en el entorno familiar (PECEF). Su IGNORANCIA ES SUPINA".