La Fiscalía pide 6 años de prisión para Griñán y diez de inhabilitación para Chaves por el caso ERE

La Fiscalía Anticorrupción pide 6 años de prisión y 30 de inhabilitación para el ex presidente socialista andaluz José Antonio Griñán por un delito continuado de malversación y otro de prevaricación en el caso de los ERE, y 10 años de inhabilitación para su antecesor, Manuel Chaves, por prevaricación.

En el escrito de acusación presentado en el juzgado de instrucción 6 de Sevilla, la Fiscalía pide ocho años de prisión para tres ex consejeros andaluces, José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo, por el delito continuado de malversación, y seis años para otra ex consejera, Carmen Martínez Aguayo, por el mismo delito.

De este modo, la antigua cúpula de la Junta de Andalucía afronta penas de cárcel, a excepción de Manuel Chaves, en la rama política del caso ERE, la que analiza las transferencias de financiación con las que se pagaron los expedientes de regulación de empleo.

Anticorrupción censura en su escrito: "Los encausados, para evitar esta labor de fiscalización de la Intervención que entorpecía y casi impedía este sistema de ayudas, modificaron los presupuestos de la Junta de Andalucía introduciendo una aplicación presupuestaria, las transferencias de financiación".

Chaves y Griñán ya habían sido imputados por prevaricación administrativa en junio del 2015 cuando su causa recayó en el Tribunal Supremo por ser aforados en aquel momento. Tras su dimisión como diputado y senador, respectivamente, el caso regresó al juzgado de Sevilla.

741 millones de euros, saqueo récord de fondos públicos en el caso de los ERE.-

La Fiscalía ha hecho sus cálculos para concluir que, euro a euro, los presuntos malversadores del caso de los ERE sangraron de las arcas públicas 741 millones y medio. Lo hicieron entre 2000 y 2010 a base de ayudas sociolaborales desde la Consejería de Empleo concedidas a dedo en beneficios de sus amigos.

Es la indemnización que reclama la Fiscalía y que los acusados deberían depositar en la Hacienda Pública andaluza. Se reclama en concepto de responsabilidad civil, una figura cuyo objetivo es la reparación del patrimonio dañado. En otras palabras, la devolución del dinero a sus dueños, en este caso, a los ciudadanos españoles.

El ejercicio con una malversación más elevada se corresponde con 2008, cuando estaba al frente de la Junta de Andalucía el expresidente José Antonio Griñán, exconsejeros como Francisco Vallejo, Antonio Fernández o Carmen Martínez Aguayo o el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, con un total de 102,7 millones escamoteados.

Pero es que Griñán, Vallejo y Martínez Aguayo habrían participado en total del fraude de 483,9 millones de euros por la cuantía entre los años 2005 y 2010. De los exconsejeros, es Antonio Fernández el que está encausado por el saqueo durante todo el periodo 2000-2010 y, por lo tanto, en la devolución solidaria de los 741 millones de euros totales; mientras que a José Antonio Viera le reclama, junto a otros procesados, 257,6 millones del lustro entre 2005 y 2010.