Acusan a la Junta de incumplir las resoluciones sobre agricultura ecológica

Tras la publicación en marzo de 2016 la Orden que “cambia retrospectivamente las reglas del juego a mitad del partido, la Consejería de Agricultura no va a pagar a más de 3.000 agricultores ecológicos de los 6.700 existentes ni un solo euro, lo cual está provocando graves problemas económicos y de liquidez, llegando incluso a producirse embargos en algunos casos”. Dicha Orden ha sido recurrida por la Plataforma de Agricultura Ecológica de CLM ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha por considerarla ilegal y contraria a los principios jurídicos que establece la Constitución.

Respecto a los restantes agricultores que se acogieron a la Orden de marzo de 2015 de mantenimiento de la Agricultura Ecológica, “muchos de ellos aún no han recibido ni un solo euro y los que han cobrado ha sido solo en parte, en ningún caso lo que legalmente les corresponde de acuerdo a la Orden de marzo de 2015”.

Además de éstos, aquellos agricultores que tienen cultivos leñosos, vid y olivar, y se acogieron en 2011 a la Agricultura Ecológica, unos no han percibido nada y otros tan solo un 30% de lo que legalmente les corresponde, a pesar de que a esta línea de ayuda para el 2015 no le afecta legalmente la Orden de marzo de 2016 que establecía los recortes.

El Gobierno de Castilla-La Mancha “ha incumplido, no solo sendas resoluciones de las Cortes, sino el propio anuncio que realizó indicando que iba a pagar a todos los agricultores ecológicos antes del 30 de septiembre de 2016. A día de hoy, además de lo mencionado, todavía quedan bastantes expedientes de años anteriores sin pagar, especialmente del 2014”.

La Plataforma insta al Presidente a que cumpla las enmiendas de las Cortes de Castilla-La Mancha, “obedeciendo así la voluntad de los que representan al pueblo, y a que cambie completamente la política errática que está aplicando el Consejero de Agricultura y su falta de voluntad para solucionar este problema”.

“Este problema afecta a toda la sociedad por poner en riesgo el beneficio medioambiental conseguido con la práctica de la Agricultura Ecológica, la misma sociedad que a través de la Cortes pide una solución”.