Son el 11 por ciento de la plantilla de la Administración, pero se llevan el 80 por ciento de las agresiones graves. Los funcionarios de prisiones asisten a un recrudecimiento de la violencia en las cárceles. Quizá porque les llegan enfermos psiquiátricos desatendidos en la calle. Pero también porque son pocos y, en el caso de Cataluña, sin el apoyo de medidas disciplinarias. Estos son sus testimonios, y así se cuenta en los partes de las prisiones. "No le debió gustar que le despertara de la siesta. Empezó a gritarme según bajaba de la litera y se me tiró encima a puñetazos”.
La funcionaria de prisiones Loli M., de 40 años, recuerda así la agresión que la tuvo 40 días de baja, apartada de su trabajo en la cárcel de Brians II, en Sant Esteve de Sesrovires (Barcelona). Cada tarde, a las 16.30, los funcionarios repasan cada celda y el estado de sus inquilinos, pero la inspección pasó de ordinaria a explosiva el pasado 28 de julio. A Loli le extrañó la inmovilidad del preso de la celda 14, que no había bajado al patio. Cuando quiso ver qué le pasaba, él le gritó: “¡Estoy durmiendo! ¡Cállate de una puta vez ya, joder!”. El interno, musulmán, lleva mal la autoridad de las mujeres. Fueron cuatro minutos de golpes que tuvieron que parar entre cuatro funcionarios. Cuando lo reducían, el preso gritaba: “¡Hijos de puta, os mataré cuando salga!”. Uno de los puñetazos dejó sorda a Loli durante un mes.
El mismo día que Loli hace su relato a interviú, en su módulo ha oído a otro preso decir: “Un día, a esta hija de puta rubia le voy a romper la cabeza”. Como el resto de sus compañeros que hablan en este reportaje, Loli M. pide que, por seguridad, no se publique su apellido. Lleva 12 años en prisiones, y ha visto cambiar el ambiente. “Hace seis años, un interno me llamaba hija de puta y, con un parte por eso, le metían dos días de aislamiento. Ahora, como mucho, le cambian de módulo”. Loli espera el juicio por la agresión que sufrió, y no sabe si será por falta o atentado. Si fuera por falta, “el caso podría acabar en una multa de 200 euros; luego el interno se declara insolvente, y le sale gratis tocar la cara a un funcionario”, lamenta Francesc López, coordinador en Cataluña del sindicato Acaip, mayoritario en prisiones, que lleva meses concienciando a fiscales para que califiquen estas agresiones de atentado.
El caso de la funcionaria barcelonesa es uno de los más recientes de un periodo duro en las cárceles. Destaca la situación en Cataluña, donde la Generalitat tiene asumidas las competencias. Los funcionarios comparten los sucesos en grupos de Whatsapp, y los mensajes no dejan de fluir. En esa comunidad, en 2015 se registró la peor ratio de incidentes por cada 100 internos en los últimos 12 años: 9,3, para 1.371 casos (la estadística incluye autolesiones y evasiones). En septiembre pasado, ya iban 42 agresiones graves a funcionarios en cárceles catalanas. “La Generalitat saca pecho de que su modelo es más tratamental que en el resto de España. Pero ese buenismo lo termina pagando el funcionario”, denuncia López, y añade: “El tratamiento de reinserción es perfectamente compatible con la disciplina”.
Los más atacados El problema no es exclusivo de Cataluña. El pasado 11 de octubre, la violencia entre rejas llegó a la Comisión de Interior del Congreso. Lo llevó Miguel Ángel Gutiérrez, de Ciudadanos. El diputado cifró en 2.118 las agresiones de presos a funcionarios en las cárceles que administra el Estado, desde enero de 2005 y hasta el 31 de marzo pasado. A ellas hay que sumar otras 38 ocurridas en el último trimestre. Van 2.156, sin contar las de Cataluña. La media supera las 200 al año. Del total, 181 fueron graves o muy graves. Eso, dijo el diputado, convierte a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias –23.439, el 11 por ciento del personal de la Administración del Estado– en receptores de más de la mitad de los ataques leves y del 80 por ciento de los graves contra funcionarios estatales, incluidos los policías.
“El Gobierno no ha mostrado mucho interés por esta situación”, comenta Miguel Ángel Gutiérrez. El diputado presentó una proposición no de ley para que el personal de prisiones sea integrado en el Protocolo de Actuación frente a la Violencia en el Trabajo de la Administración, del que está excluido. Ese protocolo se creó en julio de 2015 ante el creciente número de ataques que sufren maestros, médicos, policías y otros empleados públicos en España.
La proposición fue aprobada con los votos de todos los partidos, excepto Bildu y ERC. “Es inconcebible –comenta Gutiérrez–, tratándose de derechos básicos de trabajadores que, a su vez, se encargan de cuidar los derechos de los presos”.
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