“Vergonzosas las declaraciones del diputado provincial Julio García, también concejal del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, ante los sucedido con la diputada no adscrita, al manifestar que todos los que apoyen un acuerdo ilegal serán responsables judicialmente y podrían ser inhabilitados por respaldar la compra de voluntades de una tránsfuga”. Así de tajantes se muestran los ediles del grupo municipal IU-Ahora-Azuqueca de Henares.
Para la portavoz de IU, Mª José Pérez, “el señor García olvida que lo que sucedió en nuestro municipio fue mucho más grave porque le otorgaron responsabilidades de gobierno a un concejal tránsfuga y lo nombraron miembro de la Junta de Gobierno Local”.
La Coordinadora de la Coalición Ganemos-PTE-Hartos.org, tras la apertura del expediente informativo el 10 de julio 2015 al concejal Diego Parra Giménez, decidió, dos meses después, expulsar al electo que concurrió a las elecciones municipales por esta candidatura.
Los representantes legales de esta formación comunicaron el 18 de septiembre de 2015, por escrito y de manera detallada a nuestro Ayuntamiento, los motivos por los cuales su Consejo acordaba la expulsión de Diego Parra, después de un procedimiento conforme a derecho y con todas las garantías jurídicas, así como la modificación estatutaria de dicho electo pasando, a partir de ese momento, a asumir la condición de concejal no adscrito y a proceder a la disolución del Grupo Municipal Ganemos-PTE-Hartos.org.
En el mes de octubre la Secretaría de este Ayuntamiento les requirió, a las personas que firmaban el escrito de expulsión, que acreditaran únicamente y de manera documental, que eran los representantes de la coalición. La documentación requerida fue presentada en tiempo y forma.
Durante todo ese tiempo, el alcalde Blanco, “ocultó toda esta información y no dio cuenta en ningún Pleno de la nueva situación del señor Parra, para que éste, si no tenía intención de dimitir, pasara a ser considerado concejal no adscrito tal como establece la ley y reiterada jurisprudencia. Prefirió callar y dar carpetazo al asunto para poder comprar, de este modo, la voluntad de un tránsfuga”.
“Pero lo más grave sucedió el 5 de enero de 2016, cuando José Luis Blanco anunciaba en los medios de comunicación que alcanzaba un acuerdo de gobierno con el concejal tránsfuga, bloqueando, a partir de ese momento, cualquier iniciativa que proviniera de la oposición e impidiendo cualquier fórmula de diálogo con la que defender los intereses de nuestro municipio. Se aseguraba así el señor Blanco una mayoría absoluta que no consiguió en las urnas”.
El alcalde Blanco “sabe que incurrió en una ilegalidad manifiesta al otorgar no sólo responsabilidades de gobierno a un concejal no adscrito, como fueron las concejalías de Seguridad Ciudadana e Impulso Tecnológico, sino que además, lo nombró miembro de La Junta de Gobierno Local”.
Desde IU afirman que “ahora permanecemos a la espera de que el señor Blanco demuestre, de manera documental, porque así se lo hemos solicitado por escrito, que el grupo municipal Ganemos así como el auxiliar administrativo que tenía contratado a media jornada, no percibieron ninguna remuneración económica a partir del día 18 de septiembre de 2015. Esa fue la fecha en la que formalmente fue expulsado su concejal y en la que el grupo municipal debería de haber dejado existir desde ese preciso momento”.
“Cualquier retribución económica percibida durante ese período de tiempo tiene una denominación jurídica. No lo olvide señor Blanco”, sentencian.
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