Según ha podido conocer la Unión de Uniones, la Comisión Europea ha comunicado al Estado español el inicio de un procedimiento de corrección financiera a Castilla-La Mancha por deficiencias apreciadas en controles fundamentales que afectan a ciertas ayudas directas de la PAC y algunas correspondientes al desarrollo rural. La organización, que estima que la corrección podría alcanzar unos 65 millones de euros, ha remitido un escrito al Consejero de Agricultura, Martínez Arroyo, para conocer el alcance y consecuencias de dicha corrección.
En la comunicación al Estado miembro, la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea considera que la aplicación del sistema de ayudas por superficie; las ayudas por las dificultades naturales en zonas de montaña y desfavorecidas, pagos agroambientales y agricultura ecológica, no se ajustó a los requisitos de la normativa de la UE. Las razones obedecen a que los controles preceptivos se habrían realizado en épocas tardías o no en el momento adecuado, que no habría una adecuada selección de los mismos en función del riesgo, o que no serían de una calidad suficiente. Por estos motivos, la Comisión propone una corrección a tanto alzado del 5 % para los fondos del FEAGA y del FEADER, sobre las medidas afectadas.
Esta corrección, adoptada de momento de forma provisional, se aplicaría con carácter retroactivo 24 meses a partir de la fecha de recepción de la comunicación y se mantendría hasta que las autoridades comunitarias no tengan constancia de que se han adoptado las medidas necesarias para enmendar las deficiencias detectadas. Teniendo en cuenta las líneas de ayudas comprometidas, la Unión de Uniones, en una primera estimación gruesa, evalúa la corrección aplicada en unos 65 millones de euros.
El Estado miembro podrá ahora argumentar que las conclusiones de la Comisión son infundadas o que la corrección propuesta es excesiva.
Unión de Uniones se muestra sorprendida por la aplicación de una corrección financiera basándose en que los controles no se han realizado de manera adecuada, toda vez, el Consejero de Agricultura se ha manifestado en las Cortes de Castilla-La Mancha sobre la necesidad de ser “muy riguroso” con los controles administrativos en debates suscitados en torno al pago de las ayudas PAC.
La organización se ha dirigido por escrito al Consejero para solicitar aclaraciones acerca de si la corrección propuesta podría ser reconducida y sobre si su aplicación podría tener consecuencias para los agricultores y ganaderos o para la disponibilidad a futuro de recursos financieros en el pago de las ayudas o para la aplicación del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020.
Unión de Uniones espera, en todo caso, en que la Administración regional pueda aportar las pruebas necesarias para que el impacto de dicha corrección sea mínimo y no represente mayores cargas de burocracia ni perjuicios económicos para los agricultores y ganaderos.
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