La Administración General del Estado (AGE) en Castilla-La Mancha cuenta con una de las plantillas más envejecidas de toda la Función Pública con una horquilla de edad de entre 55 y 60 años, un grave problema que afectará de manera significativa a este sector en los próximos años.
Para CSIF, la progresiva jubilación de empleados públicos en este ámbito generará un grave déficit en una plantilla ya de por sí diezmada por la aplicación de la tasa de reposición desde 2009 y la no cobertura de vacantes. En este sentido, la Administración General del Estado sufría una pérdida de 476 puestos de trabajo en la región en 2016. Toledo, la provincia que cuenta con un mayor número de empleados públicos de AGE, perdía 85 funcionarios, aunque porcentualmente la mayor bajada se producía en Cuenca (-14,7%), seguida de Guadalajara (-10%), Albacete (-7,65%) y Ciudad Real (-7,36%).
En 2016 se llegó al 100% de la tasa de reposición en ámbitos tales como Sanidad, Educación, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o Lucha contra el fraude, pero dentro de la AGE se ha mantenido congelada la tasa de reposición en instituciones tan importantes para el servicio público como Agencia Tributaria, subdelegaciones de Gobierno, archivos estatales, Instituto de la Seguridad Social, Inspección de Trabajo, Tribunal Económico Administrativo, Tráfico, los Centros de Atención de Minusválidos, la Confederación Hidrográfica del Guadiana y del Tajo, Fogasa, Observatorios meteorológicos, el Instituto Nacional de Estadística o Instituciones Penitenciarias, entre otros.
El presidente del Sector AGE de CSIF Castilla-La Mancha, Leopoldo Felipe Gómez, considera que “no hay que dejar una tasa de reposición del 100%, lo que hay que hacer es eliminar esta medida destinada a ajustar el déficit y cubrir todas las vacantes que se han producido”, además de advertir que «subdelegaciones del Gobierno y ministerios que han perdido el 50% de su plantilla en estos últimos años».
A NIVEL NACIONAL
CSIF ha reclamado hoy al Gobierno un plan de choque urgente para garantizar la viabilidad de la Administración General del Estado, que en apenas 6 años ha visto reducida en un 80 por ciento su ‘cantera’ de personal joven (menos de 30 años), como consecuencia de las políticas de recorte.
Según un informe de CSIF, a partir de los datos disponibles del Ministerio de Hacienda, en estos momentos tan solo hay 1.338 personas con menos de 30 años de una plantilla de 190.858 personas al servicio de ministerios, organismos autónomos y diferentes áreas de actividad. Esto significa que, a menos que se diseñe una oferta de empleo público ambiciosa, nos quedaremos sin recambio de personal en nuestra Administración.
La situación es especialmente alarmante en algunos ámbitos, donde las personas menores de 30 años se pueden contar con los dedos de las manos: Patrimonio Nacional (1 persona), Fomento (4) o el Ministerio de Industria (9). Por el contrario en los últimos 6 años el número de personas mayores de 50 años ha aumentado un 24 por ciento hasta alcanzar las 122.193 personas. En estos momentos, 28.000 personas tienen más de 60 años y por tanto se encuentran a las puertas de la jubilación.
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