La diputada regional y portavoz de Agricultura del Grupo Popular de las Cortes regionales, Lola Merino, ha denunciado que una vez más, el Gobierno de Page ha vuelto a engañar a los agricultores y ganaderos ecológicos, ya que según la corrección de errores a la resolución de convocatoria 2017 de estas ayudas que publicó el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) el pasado 4 de abril, “Page ha dejado claro que no habrá el rescate para los ecológicos”.
De este modo, “Page va a asestar un nuevo varapalo a los productores ecológicos, a quienes previamente engañó el incumplimiento del acuerdo de Tomelloso y con las ayudas de la convocatoria de 2017 al haber reducido el presupuesto prometido en más de cinco millones de euros”.
“Con esta nueva publicación del DOCM, las ayudas de la convocatoria de 2017 no serán para rescatar a los agricultores ecológicos a los que Page dejó sin subvención, tal y como fue su compromiso, sino que servirán para cubrir las inversiones de nuevos agricultores ecológicos, dejando fuera a aquellos que percibían la ayuda en periodos anteriores y que no pudieron acceder a la misma en 2016 debido al recorte de las ayudas”, ha indicado Merino.
A juicio de la diputada del Grupo Parlamentario Popular, el problema se agrava aún más si se tiene en cuenta que muchos agricultores y ganaderos ya han realizado su solicitud de ayudas, y por tanto, “espera percibir una ayuda que ahora, a golpe de boletín, Page y su consejero de Agricultura han eliminado”.
Además, Merino ha asegurado que la inseguridad jurídica es otro factor clave, ya que la resolución no compromete a nada al Gobierno regional al introducir una cláusula suspensiva que permitiría anular la ayuda más tarde, en caso de que se lo imponga la Comisión Europea.
“Parece mentira que casi dos años después de aprobar el Programa de Desarrollo Rural, el Gobierno de Page no tenga claro qué puede o no puede hacer en materia de ayudas agroambientales”, ha apuntado.
Por otro lado, Merino ha recordado que la Comisión Europea rechazó recientemente la propuesta del Gobierno de Page de imponer la obligación de disponer de un certificado de comercialización en ecológico, así como la idea de limitar las ayudas a los agricultores profesionales.
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