La industria 4.0 o la cuarta revolución industrial anuncia nuevos modelos de producción menos intensivos en capital humano presencial y con una mayor presencia de los desarrollos tecnológicos que precisamente han sido generados por la fuerza de trabajo.
Hago esta puntualización evidente porque cuando se aplican los resultados de la I+D+i y se generan más beneficios, a la hora de repartirlos se olvida con mucha frecuencia que gracias a la inteligencia del capital humano y a las inversiones públicas en educación, entre otros factores, se han podido generar esos mayores beneficios y, por tanto, a la hora de repartirlos se han de tener en cuenta estos factores.
Las nuevas formas de producción y la automatización de las tareas afectan al empleo, pero no todas las ocupaciones que se desarrollan en el entorno económico tienen las mismas posibilidades de automatización. Las actividades más difíciles de definir con un algoritmo, las más vinculadas a la creatividad, a la inteligencia social o a la capacidad de respuesta a entornos desordenados tienen menos riesgos de automatización y, en consecuencia, más necesidad de capital humano presencial.
Entre estas ocupaciones se encuentran los servicios a las personas como la Sanidad, la Educación o los Servicios Sociales, es aquí donde podemos encontrar crecimiento del empleo al poner a las personas en el centro y no a los mercados, reactivando la economía y creando empleo de calidad al tiempo que se cubren necesidades vitales de la población.
En estos servicios públicos hay mucho camino por recorrer, hay muchas personas dependientes desatendidas o atendidas por sus familias, normalmente por las mujeres, mujeres que para ello tienen que renunciar a sus vidas profesionales y personales; hay muchas personas en listas de espera interminables; muchas criaturas que no tienen escuelas infantiles públicas cerca de sus casas o que viven en entornos rurales y no les queda más remedio que pasar parte del día en la carretera para poder ir a clase, hay mucho ratio que bajar en las aulas en todos los niveles educativos; y por supuesto hay muchas personas que desarrollan su labor profesional con altos niveles de presión y estrés que repercuten en su propia salud y en los servicios que reciben las personas a las que atienden, sin olvidar que no son pocos quienes están desarrollando un servicio público en condiciones especialmente precarias al depender de contratas.
No hay duda de que se necesitan más personas que realicen estas tareas tan fundamentales para el desarrollo y bienestar del ser humano, además como ya he apuntado, muchos de estos trabajos son desarrollados por mujeres en el ámbito privado lo que les impide desarrollar otras actividades en la esfera pública e incluso en la privada.
El mayor desarrollo de estos servicios públicos tiene múltiples beneficios sobre la calidad de vida de las personas, sobre las posibilidades de empoderamiento profesional y personal de las mujeres, sobre el empleo y sobre el crecimiento económico.
Las competencias sobre estas materias las tienen las comunidades autónomas, y para desarrollarlas más necesitan más y mejor financiación.
El actual sistema de financiación autonómica se ha manifestado claramente ineficiente, necesita una reforma integral en la que las personas y sus necesidades sean prioritarias. Hay que garantizar unos servicios públicos de calidad y suficientes equiparables en todo el Estado, este objetivo ha de ser el primero a la hora de destinar los recursos disponibles.
Por otro lado, para conseguir los recursos necesarios hay que tener un sistema fiscal eficiente, justo y capaz de ejercer una acción redistributiva de las rentas, por tanto ha de luchar contra el fraude fiscal, y según los estudios del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda el 72% del mismo lo hacen las grandes empresas y las grandes fortunas.
Los servicios públicos necesitan recursos y las grandes donaciones son una buena noticia, sobre todo para las personas que necesitan las inversiones que se harán con esas donaciones, pero no podemos convertirnos en un país, en una región que viva de la caridad y en la que constantemente se apele a ella, cubriéndola con un barniz de solidaridad.
Si el 72% del fraude fiscal se sitúa en las grandes empresas y fortunas, es preferible atajar este problema y disponer de la huella fiscal de las empresas, especialmente de las grandes y así asegurarnos de que tributan de forma justa y no recurren a mil artimañas para tributar por un tipo impositivo efectivo mucho menor que el que le aplican a las personas con los salarios más bajos de sus empresas o a las personas autónomas que transportan sus mercancías.
Decía al principio que estamos ante la Revolución Industrial 4.0, pero fomentar la caridad y la entrega de las mujeres como sustitutivos de los servicios públicos es Medieval.
Mª Ángeles Castellanos
Secretaria de Empleo y Políticas Sociales de CCOO CLM
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