La diputada regional y portavoz de Agricultura del Grupo Popular en las Cortes regionales, Lola Merino, ha indicado que los grupos de acción local y desarrollo rural de la región se han visto obligados a acudir al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ante el sectarismo y la politización de Page en lo que se refiere a la selección de los grupos que van a actuar en nuestra comunidad autónoma.
En este sentido, Merino ha asegurado que Page sacó la convocatoria para seleccionar los grupos de acción local el pasado 11 febrero de 2016 y dos de estos grupos -el de Cabañeros (Ciudad Real) y COMARSUR (Asociación para el desarrollo de la Comarca Sur de Guadalajara)- han sido excluidos a pesar de que contaban con una experiencia de más de 20 años en la aplicación del desarrollo rural, de la metodología LEADER en Castilla-La Mancha y en la ejecución de fondos europeos de desarrollo rural en nuestra región.
A juicio de la diputada del PP, “Page ha expulsado a estos grupos únicamente por razones políticas, ya que se trata de dos grupos que estaban presididos por alcaldes del Partido Popular, lo que ha propiciado que hayan tenido que acudir a los tribunales”.
“Page los ha eliminado sin tener en cuenta los criterios de la convocatoria que hizo su Gobierno para seleccionar estos grupos, donde se valoraba la experiencia en la ejecución de programas anteriores y la estrategia en el territorio”, ha apuntado Merino antes de la Comisión de las Cortes convocada a petición del PP para informar sobre convocatoria de la selección de Grupos de Acción Local y Desarrollo Local Participativo.
Por ello, Merino ha asegurado que “Page ha politizado el desarrollo rural, sin tener en cuenta la metodología LEADER, que impone un enfoque ascendente, es decir, que la población y los agentes sociales están arriba en cuanto al trabajo en materia de desarrollo rural, y no lo que ha hecho Page, que es lo contrario”.
Proceso por el que Page promovió el cambio de grupos
Además, la diputada autonómica ha señalado que “a finales de 2015, en las actas de los equipos que negociaban con el Gobierno de Page antes de que saliera la convocatoria, quedó recogido que el grupo de Cabañeros no iba a existir. Es decir, que la decisión estaba tomada previamente a la convocatoria”.
De este modo, “lo que hizo Page hizo fue pedir a los seis alcaldes del PSOE de Cabañeros que se salieran de dicho grupo para irse a otro. A cambio de la desaparición de dicho grupo, se creó otro en Guadalajara a través de la división de uno de los grupos de esta provincia”.
Sin embargo, el grupo que salió de esa escisión está presidido por una alcaldesa del PP y, por ello, cinco días antes de que se cerrara la convocatoria, Page pidió a todos los alcaldes del PSOE que estaban en ese grupo que se salieran y constituyeran uno nuevo, a pesar de que éste no cuenta con los criterios que refleja la convocatoria en cuanto a experiencia ni estrategia del territorio.
Según ha explicado Merino, “este nuevo grupo, cuyo nombre es ADASUR, se creó el 4 de abril, cuando el plazo de presentación concluía el 12 de abril.
Por ello, la diputada ha exigido que se solucione el problema lo antes posible, ya que “es muy probable que los tribunales den la razón a estos dos grupos y, si no se toma una decisión antes de la sentencia, el daño y el perjuicio puede ser irreparable para todos los grupos de la región, porque todo el proceso de selección y todo el proceso administrativo -lleno de irregularidades- puede llevar consigo la nulidad del mismo”.
Riesgo en el reparto de ayudas e impagos de Page
“Incluso puede ocurrir que tenga que haber un nuevo reparto de las ayudas, que ascienden a 129 millones de euros. Es decir, que pueden perder todos los grupos de la región”, ha apuntado.
En este punto, Merino ha recordado que “Page ha tenido que devolver 150 millones de euros de desarrollo rural a Bruselas por no pagar debido a que se le pasó el plazo, algo que nunca antes había ocurrido a ningún presidente de Castilla-La Mancha.
Además, “los 29 grupos seleccionados por Page han sido paralizados porque hace falta una aplicación informática obligatoria para dar de alta el sistema de petición de los promotores e inversiones, y sin ello no se puede contabilizar”.
Asimismo, ha señalado que Page no ha pagado ni un euro de los 35 millones de euros que aparecen en la ejecución presupuestaria del segundo trimestre de la iniciativa LEADER, pero tampoco pagó en 2016 al no haber aplicación informática.
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