Según denuncia el PSOE, los informes técnicos advierten de que la nueva formulación del Plan de Carreteras es económicamente inviable

La propuesta que ha sacado adelante en solitario el PP maquilla el endeudamiento de la Diputación mediante la amortización de un préstamo de 7,5 millones de euros aprobado con el voto unánime de todos los grupos el año pasado para ejecutar el Plan de Carreteras. Esta cantidad detraída de la financiación del proyecto se sustituye con recursos propios de la Diputación, en una operación cuya viabilidad es prácticamente imposible.

El viceportavoz del Grupo Socialista, Julio García, ha recordado que hace cuatro años, con una mejor situación presupuestaria, fue necesario acudir al crédito. “¿Cómo es posible que ahora digan que lo van a hacer con fondos propios, cuando los ingresos han caído un 20% y las perspectivas de futuro son tremendamente negativas”, se ha preguntado.

El propio informe técnico de la interventora coincide con esta opinión. De hecho, advierte de que solo podría cumplirse en caso de que los ingresos de la Diputación en los próximos ejercicios se mantengan al menos como en 2011, algo que es de difícil cumplimiento en la actual coyuntura económica. Además, agrega textualmente que esta fórmula de financiación “deja muy poco margen de maniobra para acometer otras inversiones que no sean el Plan de Carreteras y, en el supuesto de que los ingresos que se fijan no se cumplieran, pondría en difícil situación” incluso la ejecución de este. La fragilidad del planteamiento es tal que incluso las variaciones de precio del petróleo pueden dar al traste con las previsiones, según recoge el informe de Intervención.

Para colmo, el nuevo escenario que plantea el PP tan solo se refiere a la ejecución de obra en las áreas de Guadalajara y Sigüenza, de manera que excluye totalmente cualquier previsión sobre el Área de Molina y el coste de conservación de las carreteras, que sí estaba contemplado en el anterior Plan, completamente desbaratado hoy por Guarinos. También dice la interventora que las previsiones se pueden ver afectadas por el coste de las expropiaciones.

La modificación del proyecto no se limita a dilatar los plazos previstos, reconocido por los propios diputados del PP, sino que altera por completo el orden de ejecución de obras aprobado en 2008. Al menos una treintena de proyectos pierden turno y se posponen entre tres y seis años. En la mayoría de los casos, se trata de vías que sirven a municipios gobernados por el PSOE.

Consenso destruido
El viceportavoz socialista ha subrayado que todos los cambios se han introducido sin consulta previa con los grupos de la oposición, a diferencia de lo ocurrido durante el mandato anterior, cuando todas las decisiones fueron consensuadas y aprobadas por unanimidad. Por eso, también ahora ha ofrecido su disposición para estudiar un nuevo planteamiento con lealtad y responsabilidad. “Nosotros estamos dispuestos a hacerlo y tenemos suficientemente acreditada nuestra disposición a ello”, ha indicado.

Por el contrario, la propuesta aprobada esta mañana destruye el consenso, castiga a determinados pueblos, cuya carretera se retrasa durante años y, sobre todo, se olvida por completo de la zona de Molina, que no aparece siquiera mencionada en el nuevo escenario. Además, arroja una serie de incertidumbres que son la antesala de la paralización total del Plan de Carreteras. En un reconocimiento explícito de la improvisación que supone este reajuste, el vicepresidente y responsable del proyecto, Lorenzo Robisco, ha tenido que reconocer que “no será el último”.

Guarinos ha impuesto en el pleno otras decisiones también muy perjudiciales para los intereses de los pueblos de la provincia. Especialmente la eliminación del Organismo Autónomo de Recaudación (OAR), creado el año pasado para ofrecer un mejor servicio a los ayuntamientos. La portavoz del Grupo Socialista, María Antonia Pérez León, ha asegurado que se trata de una cuestión de “sectarismo político” guiada por el objetivo de demoler todos los avances logrados durante el mandato anterior por el Equipo de Gobierno socialista. Además, supone la regresión a un modelo superado que utilizaba el dinero de los municipios para engrosar los presupuestos de la Diputación “y utilizarlo para los fines que les vengan en gana”.

La falta de criterios objetivos de Guarinos ha quedado demostrada con la anulación del convenio para traspasar a la Junta de Comunidades la gestión de la Escuela de Vela de Alocén, que vuelve a cargar ese gasto sobre los presupuestos de la Diputación y contradice de plano las proclamas de austeridad del Equipo de Gobierno.