Más de dos años han transcurrido desde que se aprobara la moción presentada por el grupo municipal de IU en Azuqueca para crear una bolsa de viviendas en alquiler, gestionada de manera pública, para familias víctimas de ejecuciones hipotecarias.
El gobierno municipal de Blanco se comprometía a lo siguiente:
- A trabajar en la creación de esa bolsa que incluiría viviendas de titularidad municipal o regional, o las que pudieran ser cedidas por particulares o entidades bancarias.
- A iniciar una ronda de reuniones con las entidades financieras de la localidad para elaborar un convenio de cesión de viviendas que permita incluir también a viviendas que posean en la bolsa municipal para ser ofertadas en régimen de alquiler social y que a día de hoy permanecen vacías.
- A crear una Comisión Informativa para hacer un seguimiento y tutela de las viviendas en alquiler en la que participen todos los grupos municipales.
- A informar y facilitar a todos los grupos de la oposición el resultado de la ronda de reuniones mantenidas con las entidades financieras de la localidad y facilitarles copia del convenio que se vaya a firmar. Y por último, a instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que en su Ley de Vivienda en proyecto adopte las medidas legales de similares características a las que en su día fueron aprobadas por el gobierno de Andalucía, recogidas en el Decreto Ley 6/2013 de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda en la Comunidad Autónoma.
Según explica la portavoz de IU, María José Pérez, “es lamentable que haya transcurrido más de dos años desde que se adoptara este acuerdo y que este gobierno no haya hecho absolutamente nada, cuando ya le hicimos saber en su momento al señor Blanco que son muchas las familias víctimas de ejecuciones hipotecarias las que se han visto desposeídas de sus viviendas y obligadas a malvivir porque ni siquiera cuenta con la posibilidad de acceder a un alquiler social”.
“Es más, esta moción la volvimos a presentar en el mes de febrero del presente año, puesto que no habían dado cumplimiento a ninguno de los acuerdos que se adoptaron en la sesión plenaria de 9 de junio de 2016 y lo asombroso fue que se atrevieron a votar en contra de un acuerdo al que un año antes dieron su voto a favor. A día de hoy el señor Blanco no ha realizado ninguna de las gestiones a las que se comprometió. Ni ha iniciado esas ronda de reuniones con las entidades financieras de la localidad, ni ha creado esa comisión informativa en la que debían estar presentes los grupos municipales para hacer un seguimiento y tutuelas de esas viviendas en alquiler, ni tiene idea de cómo se encuentra la futura ley autonómica con la que asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda. Que no olvide el señor Alcalde que, desgraciadamente, nuestro municipio tampoco se libra de este drama. Son muchas las familias víctimas de ejecuciones hipotecarias las que se han visto desposeídas de sus viviendas y obligadas a malvivir porque ni siquiera cuentan con la posibilidad de acceder a un alquiler social. Entendemos que son los Ayuntamientos la institución más cercana a las ciudadanas y a los ciudadanos y por lo tanto, tenemos la obligación de actuar para aliviar la preocupante situación de desamparo en la que se encuentran muchos de ellos”.
“Veintinueve meses después sin dar cumplimiento a un acuerdo con el que se pretende dar respuesta de manera urgente a las vecinas y vecinos que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad por haber perdido sus viviendas, ponen de manifiesto la actitud de un gobierno al que sólo le preocupan las cuestiones superfluas y no las necesidades reales de la ciudadanía”, finaliza Pérez.
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