Castilla La Macnha tendrá un registro de perros que acompañan a personas con discapacidad
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REDACCION
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redaccionguadanewses/9/9/19
sábado 17 de febrero de 2018, 13:13h
La futura Ley de Acceso al Entorno de Personas con Discapacidad Acompañadas de Perros de Asistencia, cuyo borrador de anteproyecto de ley ya está finalizado, incluirá un registro de perros de asistencia para personas con discapacidad.
Éste es uno de los aspectos que se recogen en el borrador del anteproyecto de la Ley de Acceso al Entorno de Personas con Discapacidad Acompañadas de Perros de Asistencia, que ya está finalizado y que -tal y como ha destacado el Ejecutivo- situará a la región "a la vanguardia de España en accesibilidad".
La administración autonómica ha informado en un comunicado de que la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, se ha reunido con el equipo de trabajo conformado para el diseño de la nueva ley, que se tramitará en las Cortes de Castilla-La Mancha a lo largo de 2018 para su aprobación definitiva.
Con la aprobación de esta normativa, el Gobierno de Castilla-La Mancha cumple el compromiso adquirido con CERMI Castilla-La Mancha en un Consejo de Gobierno abierto celebrado en noviembre de 2016, ha resaltado el Ejecutivo.
Esta ley, realizada de la mano del CERMI y la ONCE, regulará la definición de lo que es un perro de asistencia, los derechos y deberes de las personas que los llevan y las entidades de adiestramiento, así como la garantía de los derechos de las personas con discapacidad que vayan con estos animales.
Incluirá un registro de perros de asistencia, tanto los que acompañan a personas con discapacidad visual como auditiva, con dificultades del desarrollo, con diabetes o epilepsia, que en unos casos son perros de asistencia, en otros perros guía, de acompañamiento o de aviso.
En Castilla-La Mancha, hay 13.700 personas con algún tipo de discapacidad visual, casi un millar de ellas con ceguera total y 46 con sordo ceguera.
Antes de la redacción del borrador, la ley cumplió el proceso de consulta pública para recabar la opinión de los ciudadanos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma.