El diario El Mundo en su edición del viernes 24 de agosto de 2018, publica un acertado editorial sobre el peaje y la hipoteca que está pagando el Gobierno socialista por mantener a Sánchez en La Moncloa.
El precio del poder en minoría de Pedro Sánchez es una galopante erosión de nuestra arquitectura institucional. No se puede extraer otra conclusión a la vista de su impúdico abuso del decreto-ley, a despecho del requisito de «extraordinaria y urgente necesidad» que exige la Constitución Española (CE). Lejos de toda autocrítica, por pura supervivencia, el Gobierno anuncia ahora una reforma exprés pactada con su socio preferente, Podemos, para saltarse el voto del Senado al techo de gasto.
Pero entregarse al criterio populista de los enemigos del sistema del 78 tiene como consecuencia el rápido desgaste de los contrapoderes democráticos, además de enviar un mensaje de desafío a Bruselas y los mercados que devolvería a España al estado de sospecha financiera que tan trabajosamente ha abandonado. Todo para garantizarse un plan expansivo de gasto que favorezca el clientelismo antes de que se agote la legislatura.
Sánchez se está convirtiendo en el campeón de la fobia a la voluntad popular: la que se expresa en las urnas, negándose a convocar las elecciones prometidas, y la ya expresada en los escaños del Senado, cámara que pretende vaciar de funciones por la única razón de que allí el PP cuenta con mayoría absoluta. «Una mayoría espuria», según Pablo Echenique, «el último reducto de poder» con el que debe terminar la alianza entre socialismo, populismo y nacionalismo que forjó el triunfo de la moción de censura.
Con razón advertía la oposición de la deriva chavista de semejante plan del Ejecutivo para usurpar terreno al Legislativo, e incluso al Judicial, pues el decreto-ley bloquea la capacidad de recurso hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie. De hecho, fue la abierta ilegalidad de los planes del presidente lo único que finalmente hizo torcer su voluntad y le va a obligar a pasar su reforma por el escrutinio del Congreso.
Por contra, lo que Sánchez pretendió ayer hasta el último momento era un grosero ataque a la separación de poderes más propio de Orbán o Maduro que de una democracia liberal. ¿Qué más da sacar 84 escaños que 184 si todo presidente puede imponer su voluntad sin frenos?
En lugar de asumir que no tiene suficientes escaños porque los españoles lo han querido así, Sánchez siempre opta por intentar obviar el Parlamento. Ayer lo volvió a hacer, aunque la advertencia que sin duda recibió de que su intención era clamorosamente inconstitucional, por pretender modificar por decreto una ley orgánica como la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que desarrolla el artículo 135 de la CE, le hizo aceptar a última hora que el PSOE presentara una proposición de ley en el Congreso. Ser demócrata consiste en debatir las leyes; en no invadir las competencias de otros poderes del Estado; en abstenerse de una política de hechos consumados de ardua reparación.
Por este camino, el sanchismo rebaja la calidad democrática hasta niveles desconocidos.
Si (
No(
