El Ilustre Colegio de Abogados de Guadalajara quiere mostrar su total rechazo a la última medida adoptada por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha en relación al convenio suscrito entre esta institución y la asociación ANFORMAD para el establecimiento de un servicio de atención gratuito a víctimas de agresiones sexuales que prestará tanto servicios psicológicos como jurídicos.
La asistencia prevista en dicho Convenio suscrito por el Instituto de la Mujer ya se presta para todas las víctimas de agresiones sexuales por el Turno de Oficio según a lo establecido en la Ley 1/96 de Asistencia Jurídica Gratuita y a través del convenio de colaboración firmado entre el Instituto de la Mujer y el Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha, si bien por una cuantía de 20.000 euros y no de 230.000 euros.
Dicho convenio se dirige a las mujeres víctimas de violencia doméstica, sexual o de violencia ejercida por terceras personas sobre sus bienes, su persona, o la de sus familiares a instancias del maltratador, empadronadas en Castilla-La Mancha, incluyendo también a aquellas personas que estén sometidas a trata con fines de explotación sexual, prostitución y comercio sexual en la región.
De acuerdo al convenio en vigor suscrito entre el Consejo Regional de la Abogacía de Castilla La Mancha y el propio Instituto de la Mujer, la prestación del servicio de defensa en juicio a través del Turno de Oficio especializado en la materia de Violencia de Género se designará por parte del Colegio de Abogados de la provincia que corresponda, partiendo siempre de una derivación y autorización previa por parte del Instituto de la Mujer. Es un servicio que ya se presta a través del Turno de Oficio y del convenio firmado por el Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha.
En nuestro ordenamiento jurídico, son los Colegios de Abogados quienes tienen competencia en materia de Justicia Gratuita como se prevé en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y no es justicia gratuita la asistencia jurídica que ofrecen determinadas asociaciones privadas que firman un convenio con otras administraciones públicas, con las consecuencias jurídicas que de ello se derivan para la víctima.
De acuerdo a las estadísticas a las que ha podido acceder este Colegio, prácticamente la totalidad de los asuntos de agresiones sexuales que se han tramitado en los juzgados de Castilla La Mancha quedan amparados por el Turno de Oficio sin necesidad de que haya tramitarse a través del convenio citado.
En definitiva, desde el ICA de Guadalajara se rechaza el intento del Instituto de la Mujer obviar a los Colegios de Abogados de Castilla La Mancha, que son corporaciones de derecho público, que ejercen potestades públicas y que legalmente son los únicos que pueden prestar la asistencia jurídica gratuita, privatizando dicha prestación bajo el falaz argumento de que los profesionales del turno de violencia carecen de la especialización necesaria.
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