El juez confirma el trato de favor del PSOE a Cuadrifolio desde la Junta de Castilla-La Mancha y avala la investigación de EL MUNDO

El diario El Mundo publica este miércoles que el Juzgado de lo Penal número 13 de Madrid concluye que la Junta de Castilla-La Mancha bajo el mandato del PSOE amañó de manera sistemática contratos públicos, pagó sobreprecios y llegó a adjudicar 2,8 millones públicos con meras órdenes verbales a Cuadrifolio, la empresa a la que el partido le encargaba sus trabajos electorales en diversas zonas de España.

Según publica el diaro El Mundo, el juez Francisco Manuel Bruñén avala la veracidad de todas las informaciones publicadas por EL MUNDO sobre este escándalo, constata el "trato de favor" dispensado a esta empresa y absuelve a los periodistas Casimiro García-Abadillo, Santiago González, Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta de la comisión de los delitos de injurias y calumnias que le atribuía el Grupo Cuadrifolio, propiedad de Manuel Téllez.

Según la sentencia, el Gobierno castellano manchego bajo la presidencia de José María Barreda llevó a cabo "una masiva adjudicación de contratos menores" a esta compañía, a la que el PSOE encargaba paralelamente la organización de sus mítines. "Se han apreciado abundantes ejemplos de contrataciones administrativas que presentan indicios de fraccionamiento, con adjudicación directa de contratos referidos a un mismo evento o prestación a diversas empresas del mismo grupo empresarial", asevera la resolución.

En esta línea, el fallo judicial explica que "son numerosas las ocasiones en que la adjudicación directa de los contratos se hace por la cuantía límite de los contratos menores, esto es, por 12.000 euros, o muy próxima a esta cifra". "De este modo", abunda el juez, "se produce una adjudicación directa, sin necesidad de someter la contratación a licitación, pues la tramitación del expediente sólo exigía la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente".

Frente a estas prácticas irregulares que se han repetido en otros grandes casos de corrupción como la trama Gürtel, el juez recuerda que "la legislación administrativa establecía que la norma general es que se hicieran concursos o procedimientos negociados, no siendo lícito el fraccionamiento del objeto de los contratos para evitar los requisitos de concurrencia y publicidad".

Asimismo, en cuanto a la comparación establecida por este periódico entre la trama Gürtel y el caso Cuadrifolio, el juez considera que "no puede afirmarse que el titular esté desconectado del contenido de la información y no se presenta como innecesariamente insultante o vejatorio". Por el contrario, considera el juez que en este supuesto "la imputación de hechos delictivos se encuentra amparada por el legítimo ejercicio del derecho a la información, no existiendo ánimo de difamar, vituperar o agraviar".

Pero el fraccionamiento de contratos no es la única práctica ilegal que el juez considera acreditada. "Existen también casos en que tratándose de un procedimiento negociado sin publicidad son invitadas empresas del mismo grupo Cuadrifolio o alguna que no pertenece a dicho grupo pero que trabaja habitualmente con el mismo".

El juez destaca que en el momento en el que EL MUNDO publicó el escándalo, "los periodistas disponían de información auténtica" sobre las contrataciones así como el testimonio de un ex trabajador de Cuadrifolio. Y que en ellas se aludió directamente a "amaños". Bien, pues el juez señala que "desde una perspectiva objetiva, es evidente que en las adjudicaciones directas se produce un contacto también directo entre la administración contratante y la empresa adjudicataria". Añade que "si reiteradamente se producen adjudicaciones en la cuantía límite del contrato menor, cabe sospechar el entendimiento, connivencia o trato de favor al contratista en cuestión".

A esta conclusión no sólo llegó este periódico sino como recoge la sentencia, también lo hizo el tesorero de la Junta de Castilla-La Mancha, cuyos certificados sobre estos pagos "arrojan datos que no pueden ser ignorados". Así, "de un total de 415 pagos a las empresas del grupo Cuadrifolio, 338 corresponden a contratos adjudicados directamente y buena parte de ellos por la cuantía máxima para la adjudicación directa".

Pero no sólo ha quedado constatado una "masiva adjudicación de contratos menores" sino que "es significativo el número de casos en que no se conoce el contenido concreto de los contratos". "Es una constante a lo largo del procedimiento la carencia de documentación completa sobre la contratación", incide.

Según recuerda el juez, EL MUNDO no sólo denunció estas "irregularidades" sino la existencia de sobreprecios en los contratos. En este apartado, la sentencia subraya que "sorprenden algunos casos en los que indiciariamente se estima que el precio es muy elevado". Por ejemplo, "la inclusión de un logo en la web de Castilla-La Mancha en la Feria del Queso por importe de 17.700 euros". "O el 'montaje de una mesa y mueble auxiliar salón de actos' por importe de 59.035,50 euros".

En cuanto a los sobreprecios prosigue el juez explicando que también los ha advertido "el Gabinete Jurídico de la Junta", que ha llegado a certificar, por citar otro ejemplo, de forma "contundente y demoledora" que "que 2.841.047,71 euros facturados a Cuadrifolio Diseño, S.L., responden a una contratación meramente verbal y en la que no se siguió ningún tipo de procedimiento de adjudicación". "Así pues, la información relativa a sobreprecios no puede estimarse temeraria desde el momento en que incluso es afirmada por un servicio oficial, el de Asesoramiento Jurídico de la Junta".

"En conclusión", continúa el juez, "las informaciones publicadas se estima que superan el test de veracidad en cuanto a que existen indicios de tratos de favor en la contratación administrativa en favor del Grupo Cuadrifolio mediante el fraccionamiento de los contratos administrativos o procedimientos negociados en los que se invitaba a empresas del mismo grupo". "Y existen igualmente indicios de algunos sobreprecios en la contratación", agrega. Por todo ello, "la relevancia pública de la información era más que evidente, pues versaba sobre la limpieza en la contratación pública, entendimientos entre administración contratante y contratista y la eventual existencia de un caso de corrupción".