La Diputación Provincial de Guadalajara asumirá una parte de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del Plan de Empleo en virtud del convenio firmado en 2018 con la Junta y al cual afecta este incremento en el salario de los trabajadores beneficiarios del Plan de Empleo desde el 1 de enero y hasta el 28 de mayo de 2019 –cuando deben finalizar todos los contratos-. De esta forma, los ayuntamientos no tendrán que realizar aportación alguna en este concepto, toda vez que la Diputación firmará una Addenda al convenio de 2018 con la Junta por la que se compromete a aportar un total de 197.322,40 euros para este fin. Del mismo modo, en la citada Addenda se refleja que la Junta deberá aportar 222.512,50 euros por el mismo concepto para completar la subida actual del SMI que en este 2019 es de un 22% fijándose en 900 euros.
“Como saben, ya van tres años en los que apostamos por la inversión con recursos propios en el Plan de Empleo que en esta última convocatoria ha permitido dar trabajo a casi 1.000 personas en la provincia pudiéndose beneficiar 216 entidades”, ha dicho José Manuel Latre recordando que en 2018 la Diputación aportó 2,4 millones de euros de fondos exclusivamente propios “propiciando ayuda desde el municipio más grande como es Azuqueca, con medio millón de euros y 190 personas beneficiadas, hasta uno de los más pequeños por citar un ejemplo de los que visité: Yélamos de Abajo con un solo trabajador”.
Compromiso de la Diputación con los pueblos más pequeños
El máximo responsable de la Institución Provincial ha reafirmado el compromiso del actual equipo de Gobierno con estos Planes de Empleo “porque somos conscientes de que sin la ayuda de la Diputación habría pueblos que no podrían sumarse y beneficiarse generando puestos de trabajo”. “Tengo que recordar que la Diputación aporta casi el 50% mientras que el resto lo aporta la Junta, pero con fondos europeos”, ha apuntado.
Asimismo, se dio la circunstancia de que en el año 2017 con el Gobierno de Rajoy, el Salario Mínimo Interprofesional experimentó una subida del 8%, por lo que esto hubo de repercutirlo en el salario de los trabajadores del Plan de Empleo. La Junta, tal y como ha recordado el presidente, envió una carta a todos los ayuntamientos, firmada por la consejera de Economía, Patricia Franco, donde decía literalmente que la Junta iba a asumir esa subida incrementando la cantidad aportada y “en la convicción de que no podían demandar más esfuerzo económico a las entidades locales”. “Page incumplió ese compromiso que está firmado, puesto negro sobre blanco, y finalmente tan solo asumió el 4%, dejando el otro 4% al cargo de los ayuntamientos, a aquellos que decía que no quería demandar más esfuerzo”, ha remachado.
“No queremos que los municipios tengan que realizar más esfuerzos económicos. La Diputación está para ayudar a los municipios más pequeños y en esa línea llevamos trabajando durante todo este mandato. Nuestras acciones van destinadas a ello, y sobre todo en un tema tan sensible como el empleo no podemos mirar para otro lado”, ha explicado Latre incidiendo en que “la Diputación firmará esta Addenda con el objetivo de ayudar, una vez más, a los pueblos más pequeños”.
“Con el empleo se genera actividad económica y calidad de vida para las personas y para las familias. Se propicia el asentamiento de población y, con ello, luchamos contra la despoblación; por todo esto, vamos a seguir impulsando políticas activas de empleo teniendo como eje de todas nuestras acciones a las personas”, ha finalizado el presidente.
Falta de previsión y responsabilidades sobrevenidas
Por su parte, el diputado delegado de Promoción Social, Juan Pedro Sánchez, también presente en la rueda de prensa lamentó “la falta de previsión y la derivación hacia otras administraciones de las responsabilidades y decisiones que adopta el Gobierno de España, que hacen que de nuevo pueda llegar a recaer en la administración más débil, la municipal, esta subida tan importante del 22% del SMI para 2019”.
Sánchez Yebra argumentó que “desde la Diputación hemos defendido siempre que tendría que ser la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que tiene las competencias de empleo, quien debería hacerse cargo de la totalidad del gasto que supone la ejecución de estos planes o, si no, de la parte mayor, pero como es de sobra conocido esto no ocurre así”. Ante esto, puso como ejemplo que un ayuntamiento que en 2018 hubiese contratado a una persona para seis meses en el Plan de Empleo y que le pagase el SMI -735,90 euros- (muchos han pagado salarios superiores), ha abonado en 2018, al menos, 5.151,30 euros en concepto de salarios más un total de 1.622,66 euros en concepto de seguridad social, esto es, ha soportado un coste salarial total de 6.773,96 euros cada seis meses.
“El convenio que firmamos en 2018 ambas instituciones recogía que la Diputación provincial aportaba 2.425.628 euros frente a 2.735.282,64 euros aportado por la Junta, es decir, prácticamente el 50% de la subvención concedida a las entidades de la provincia”, ha dicho Sánchez.
Por tanto, ha añadido, “si no hiciésemos nada, el aumento de los costes salariales derivados del incremento del SMI recaería a partir del mes de enero íntegramente sobre los ayuntamientos firmantes de los Planes de Empleo concedidos en 2018, teniendo que pagar unos sobrecostes laborales imprevistos de 251,76 euros más, cada mes, por cada uno de los trabajadores del Plan de Empleo con contrato en vigor y hasta su vencimiento”.
Es obvio, ha señalado el diputado responsable, que “es absolutamente injusto y desproporcionado que dicha sobrecarga laboral imprevista recaiga únicamente en los ayuntamientos, máxime cuando el Plan Extraordinario de Empleo es un programa cofinanciado, en mayor o menor medida, por distintas administraciones siendo la Junta, concretamente, la que menos aporta al mismo de su propio presupuesto, menos de 1 euro de cada 10”. En consecuencia, “la Diputación Provincial, no podía abandonar a su suerte a esos pequeños municipios de la provincia, con escasos recursos económicos, frente a esta situación sobrevenida”, ha incidido.
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