El Gobierno hará una reforma laboral dura, con despido de 20 días por año

Apuesta por la simplificación de los modelos de contratación que no supone el contrato único que defendía el ministro Luis de Guindos, al tiempo que se incentivarán los contratos a tiempo parcial y el teletrabajo como fórmulas para impulsar el empleo.

No se contempla, en este apartado, la implantación de los llamados minijobs o el modelo alemán de trabajo con horarios más reducidos y con menor salario, porque la ministra de Empleo, Fátima Báñez, mantiene que son incompatibles con la legislación española.

Mientras que en las indemnizados por despido la idea inicial de los responsables del Ministerio de Empleo y Seguridad Social es concretar hasta el máximo detalle las causas del despido procedente para evitar la arbitrariedad de las decisiones judiciales y facilitar al máximo el recurso de las empresas al despido objetivo por causas económicos con una indemnización de 20 días por año trabajado.

Junto a este generalización del despido procedente, la idea que maneja actualmente el Gobierno, y que no gusta a la patronal CEOE, es mantener un despido improcedente, rebajando la actual indemnización de 45 días por año a los 33 días que hoy se aplican a los contratos de Fomento del Empleo.

La reforma se aprobará, en principio, mediante la fórmula de Decreto Ley, en contra de las demandas de las centrales sindicales, que habían pedido que se aprobara como Proyecto de Ley para poder introducir enmiendas durante su tramitación parlamentaria.

Sin efectos retroactivos
La urgencia que demanda la situación de un país con casi cinco millones y medio de parados, y las exigencias de la Unión Europea, el FMI y los mercados, son las razones que obligan al Gobierno a no dilatar la entrada en vigor de la reforma laboral.

En círculos próximos al Ejecutivo apuntan que la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, que es la única en el equipo económico del Gabinete que hasta el momento ha mantenido la máxima discreción sobre el contenido de la reforma, llevará un informe previo sobre el contenido de la misma al Consejo de Ministros de este viernes. El decreto, sin embargo, se aprobará el viernes día 10, tal y como anunció Rajoy.

Las citadas fuentes destacan también que las modificaciones que incluya el proyecto de reforma laboral no tendrán efectos retroactivos y entrará en vigor en el mismo momento que el Decreto Ley, por lo que los trabajadores que actualmente tienen un contrato indefinido seguirán beneficiándose de una indemnización de 45 días por año por despido improcedente. No así, los contratos temporales que, a partir de la entrada en vigor de la reforma se conviertan en indefinidos.

La retroactividad era, desde el punto de vista sindical, una de las claves de la reforma y su no aplicación, manteniendo los derechos adquiridos, puede ser un elemento importante para evitar o rebajar la conflictividad social.

La reforma laboral será dura.-
El Gobierno prepara una reforma laboral más dura de lo inicialmente planteado. Al final, los miembros del Gabinete partidarios de que la indemnización por despido se quede en los 33 días por año trabajado han perdido la partida ante las presiones de Europa y los datos de desempleo.

Rajoy presiona para que el coste generalizado del despido se rebaje a los 20 días. Y eso piensa lograrlo simplemente aplicando la legislación vigente. ¿Cómo? Pues ampliando y justificando mucho más la letra del despido por causas económicas, de modo que los tribunales lo acepten y de ordinario se paguen esos 20 días contemplados en la ley.

Esta medida no será retroactiva y representa un paso importante para acabar con la dualidad del mercado laboral español. Ésa que hace que los despidos se concentren en los temporales porque resulta barato echarlos mientras los indefinidos blindan sus salarios y condiciones de trabajo.

Así se evitaría prescindir de un empleado sólo porque va a adquirir los 45 días. Y eso que en la mayoría de los casos ya no se abonan esas elevadas compensaciones.

Ello debe acompañarse de una reforma de la negociación colectiva, el otro elemento de rigidez de nuestro mercado de trabajo. El Gobierno debería desbaratar el acuerdo alcanzado por la patronal y los sindicatos para perpetuar su actual estructura de convenios laborales. Justo de lo que ambas organizaciones viven y lo que dificulta enormemente que empresario y trabajadores negocien directamente una flexibilidad que puede evitar despidos.


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