A continuación se reproduce por su interés y actualidad el editorial del diario El Mundo en su edición editorial sobre el desprecio de Batet al Tribunal Supremo y el anuncio de esperar a recibir el informe de los letrados del Congreso para tomar una decisión
En una maniobra orientada a retrasar la suspensión de los presos que tomaron posesión de su escaño en la sesión constitutiva de la legislatura, Meritxell Batet despreció al Tribunal Supremo y anunció ayer que esperará a recibir el informe de los letrados del Congreso para tomar una decisión. No hay precedente de una situación así por el empeño de la presidenta de la Cámara Baja en dilatar la asunción de su responsabilidad respecto de los políticos independentistas acusados de rebelión y encarcelados de forma preventiva. Su enroque solo puede deberse a la voluntad del Gobierno de aplazar la decisión hasta después de las elecciones del 26-M -algo que, presumiblemente, no logrará-, o bien al interés de Pedro Sánchez en escenificar una posición proclive a alcanzar eventuales alianzas en el futuro con los grupos separatistas. Además, necesita a Podemos para gobernar, y Podemos rechaza la suspensión. Las tácticas dilatorias de Batet, soldada a la estrategia partidista de Sánchez, constituye un pésimo arranque de su cargo y erosiona gravemente la acción del Estado de derecho. Tras recibir hoy el informe de los letrados, laMesa del Congreso debe suspender de sus funciones a los procesados, tal como este periódico ha defendido. Lo contrario supondría una flagrante vulneración de la legislación.
El tacticismo de Batet, que ofrece síntomas de no haber asumido aún la exigencia institucional que acarrea su puesto, ha tensado las relaciones entre el poder judical y el legislativo. No es de recibo que tratara de pasar la pelota al juez Manuel Marchena para adoptar una medida que corresponde al órgano rector del Congreso. Partiendo de que, con la ley en la mano, no cabe discusión en el hecho de que la suspensión es obligada, lo cierto es que el principio de autonomía parlamentaria, consagrado en el artículo 72 de la Constitución española, concede un margen de actuación a los parlamentos que, aunque residual, no puede ser obviado. La Fiscalía tiene razón cuando apela a la suspensión automática de los presos, pero el presidente de la Sala que juzga por rebelión a los golpistas del procés -un consumado especialista en derecho parlamentario- entiende que la decisión corresponde a la Mesa de la Cámara, al amparo del artículo 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del artículo 21.2 del Reglamento del Congreso.
En consecuencia, la reunión de ayer del órgano rector de la Cámara Baja debería haber servido para poner fin a este conflicto. Batet, en cambio, prefirió seguir alargando los plazos. No hay que llamarse a confusión en este pretendido entuerto. La irresponsable dejación de funciones en la que ha incurrido la tercera magistratura del Estado contrasta con el garantismo preservado hasta ahora en el juicio del 1-O. El cumplimiento de la ley no admite más demoras ni excusas. Los presos no pueden seguir ni un minuto más con sus funciones parlamentarias intactas.
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