El Gobierno socialista de Pedro Sánchez quiere obligar a que plataformas como Netflix, HBO, Amazon y Filmin financien a RTVE

Las televisiones privadas, que emiten gracias a concesiones públicas otorgadas por el Estado, se ven obligadas a financiar la ruinosa RTVE. Ahora, además, el Gobierno quiere que las plataformas de contenido que funcionan a través de internet como Netflix, HBO, Amazon Prime o la española Filmin paguen también este peaje.

La noticia la adelanta este domingo El Confidencial, que afirma que "fuentes próximas" los ministerios de Economía y de Hacienda aseguran que la medida está amparada por una directiva de la Unión Europea -la directiva 2018/1808 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018- que amplia el concepto de "operadores de servicios de telecomunicaciones".

Siempre según la información de El Confidencial el Ministerio de Economía y Empresa ha elevado ya una consulta pública dirigiendo dos docenas de preguntas a distintos agentes del sector y que va dirigida a "actualizar y modernizar el marco regulatorio audiovisual vigente en la UE, buscando establecer una regulación del audiovisual más acorde con la era digital".

Esta auténtica extorsión legal se pagaría obligando a las compañías a dedicar una parte de sus ingresos a sufragar RTVE y a financiar producciones europeas -cosa que ya hacen por decisión propia. Es importante recalacar que la obligación no se establece sobre los beneficios, ya que de hecho estas empresas son en muchos casos deficitarias al estar inmersas en un mercado en desarrollo.

De hecho, El Confidencial apunta a que el Ministerio de Economía ya baraja unos porcentajes -entre el 0,85% y el 1,35%- entre los que estaría la 'mordida' que el Ejecutivo aplicaría a los ingresos de estas empresas.

Actualmente las televisiones pagan un 3% de sus ingresos brutos mientras que las operadoras de telecomunicaciones con plataformas de contenido están pagando un 0,9%, una tasa que consideran desproporcionada y que ya han recurrido tanto en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) como en el Tribunal Supremo español.