La Fiscalía Anticorrupción lleva a la juez Núñez ante el CGPJ por desatender los casos de corrupción de los ERES de Andalucía

El futuro de la juez María Núñez Bolaños, instructora de las principales investigaciones judiciales contra la corrupción en la Junta de Andalucía, está a partir de ahora en manos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El fiscal jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Alejandro Luzón, ha presentado una denuncia ante el Promotor de la Acción Disciplinaria del máximo órgano de gobierno de los jueces contra la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

La Fiscalía General del Estado emitió ayer tarde un comunicado en el que anuncia la denuncia alegando que «la desatención y retraso injustificado» de las causas ERE, Avales y IDEA, heredó hace cuatro años de la juez Mercedes Alaya, merecen una sanción profesional como responsable de una falta «muy grave o grave». Su forma de instruir ha causado un «evidente perjuicio de los fines del proceso penal y de la Administración de Justicia».

El detonante de este proceso contra la juez Núñez es un informe de queja firmado por los seis fiscales Anticorrupción de Sevilla y dirigido hace semanas a su jefe en Madrid. En el citado escrito detallaron con profusión de datos las continuas demoras que sufren las causas de corrupción que han desencadenado incluso la prescripción de delitos en la causa penal de los ERE, abierta en enero de 2011, y la impunidad para sus responsables. La juez está de baja desde hace dos semanas por motivos personales. Su paréntesis laboral se produjo al conocerse la existencia de este escrito que no tiene precedentes en Andalucía.

La Fiscalía Anticorrupción «ha valorado que la situación procesal de estas causas se ve afectada por la desatención y retraso en su tramitación y resolución». Por este motivo, expone en su escueta nota de prensa, «está resultando imposible proceder en los términos exigidos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal» para «el esclarecimiento de los hechos y la determinación de la responsabilidad penal de los partícipes». A la postre, esta forma de instruir favorece que «el ejercicio de la acción penal no alcance sus objetivos», concluye.