La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Guadalajara ha aprobado los proyectos para mejorar el estado de cuatro carreteras, dos de ellas en el término municipal de Illana, y otras dos en la zona de Molina de Aragón, más concretamente en las localidades de Riba de Saelices y de Padilla del Ducado. El importe total de los cuatro proyectos aprobados suma la cantidad de 474.029 € y su plazo de ejecución es de seis meses.
El vicepresidente primero de la Diputación, Rubén García, ha dado cuenta de estos acuerdos y ha expuesto distintos detalles de las actuaciones a realizar en estas cuatro vías de la red provincial de carreteras.
El primero de los proyectos aprobados consiste en la mejora de la seguridad vial en las carreteras GU-282 (en el tramo que discurre por territorio de Guadalajara entre los dos límites de la Comunidad de Madrid, dentro de la carretera que une Illana con Estremera) y GU-249 (que enlaza con la CM-2029 por el embalse de Almoguera). A esta actuación se destinan 118.048 € para instalación de señalización vertical, barreras de seguridad en distintos puntos y un pretil metálico en el puente sobre el río Tajo en la GU-282.
El segundo proyecto aprobado afecta también a esta carretera GU-282 y está dotado con 105.981 € para refuerzo del firme.
En cuanto a las carreteras de la zona de Molina, se ha aprobado un proyecto conjunto, por importe de 250.000 €, para saneo y refuerzo de las zonas debilitadas y señalización de marcas viales laterales en las carreteras GU-945, en Padilla del Ducado, y GU-951, en Riba de Saelices.
Cambio en las condiciones de contratación para arreglo de caminos rurales
La Junta de Gobierno celebrada hoy ha aprobado también la modificación de las condiciones de contratación para los proyectos de arreglo y mejora de caminos rurales en seis zonas de la provincia (Alcarria, Atienza, Campiña, Cifuentes, Jadraque y Molina de Aragón), con el fin de garantizar la solvencia técnica de las empresas que resulten adjudicatarias de estas actuaciones, que en total suman un presupuesto de 910.500 €.
De acuerdo con los informes técnicos, la Junta de Gobierno ha decidido incluir como requisitos de solvencia técnica en las condiciones de contratación que las empresas tengan experiencia acreditada en el movimiento de tierras en caminos rurales y la disponibilidad exclusiva, hasta la recepción de las obras, de al menos una motoniveladora, rodillo compactador y cisterna de agua.
Convenio para la adecuación de la Iglesia de Santiago como centro de interpretación del Románico de la provincia
Otro acuerdo de la Junta de Gobierno ha sido la aprobación de la firma de un convenio entre la Diputación y la Asociación de Amigos de la Iglesia de Santiago, de Sigüenza, para su adecuación como centro de interpretación del Románico de la provincia de Guadalajara. En virtud de este convenio, la Diputación aportará a este proyecto 25.000 € y asesoramiento técnico.
Órganos de decisión en el Consorcio de Residuos
Por otra parte, a preguntas de los medios de comunicación sobre la intención del equipo de Gobierno de devolver a la Asamblea de ayuntamientos la toma de decisiones en el seno del Consorcio Provincial de Residuos tras la polémica suscitada por el cambio de estatutos en el anterior mandato, Rubén García ha explicado que “en base a las preguntas y respuestas de muchos ayuntamientos de la provincia, queremos devolverles la voz en la gestión de este organismo y para eso es necesario proceder a una nueva modificación estatutaria”. Modificación que se hará, según ha precisado, “buscando el máximo consenso posible y, por supuesto, de acuerdo con la legislación vigente”.
En este sentido, ha subrayado que “con la misma legislación que desde el Grupo Popular se esgrime para justificar que se quitara la toma de decisiones a la Asamblea de ayuntamientos y se le diera a la Junta de Gobierno, hay otras diputaciones y otros consorcios, como el de Cuenca, que han mantenido la posibilidad de voto y la participación en la toma de decisiones en manos de los municipios”.
El vicepresidente ha añadido otro argumento más para defender la necesidad de que sean los municipios, a través de la Asamblea, los que tomen las decisiones en el Consorcio de Residuos: “Hay municipios gobernados por alcaldes independientes, caso de Alovera o Almoguera, por ejemplo, que tienen una cantidad considerable de población y no tienen un grupo político que les represente en esta Diputación, pero tienen todo el derecho a participar junto al resto de ayuntamientos en decisiones que les afectan en relación con este servicio”, ha señalado.
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