"Los funcionarios de la Junta de Comunidades verán recompensados los esfuerzos que ahora están realizando”

La diputada regional del PP afirma que “Esta Ley de Medidas Complementarias es consecuencia del desgobierno y el despilfarro que utilizó el Partido Socialista en Castilla-La Mancha durante su etapa. Ahora, estamos pagando con el dinero del futuro las deudas del pasado, deuda que, por cierto asciende a más de 10.000 millones de €”. Y señala como ejemplo lo sucedido con la Empresa Pública Don Quijote o “los 13 millones de euros de todos los castellano-manchegos que José María Barreda se gastó en 2007 en fiestas, conciertos y saraos, mientras el paro subía y se estaba empezando a dejar de pagar a ayuntamientos y empresas públicas por falta de dinero”.

“R” de ruina socialista

En la Comisión de Asuntos Generales de las Cortes se aprobaron varias enmiendas del PP. Entre ellas dos que hacen referencia al funcionariado y otra a la desaparición del SEPECAM. En este sentido María José Agudo indica que “hemos aprobado que ningún funcionario al servicio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha perciba menos de 1.192€ al mes. Esta decisión es consecuencia de un acuerdo de la Mesa de Negociación de los Empleados Públicos que se celebró en octubre de 2009 pero que no se implantó estando el PSOE en el Gobierno y ahora sí lo hacemos desde el PP”. Por lo que se refiere al SEPECAM “defendemos su supresión como servicio público porque se va a integrar dentro de la Consejería de Empleo y así se racionalizarán mejor los recursos humanos y materiales teniendo siempre en cuenta la continuidad plena de funciones, actividades y servicios”.

En referencia a varios ataques verbales de los socialistas la diputada regional del PP por Guadalajara señala que la única “R” que existe en la actualidad “es la R de ruina que el Partido Socialista ha dejado en Castilla-La Mancha por no hablar de su doble moral porque por un lado en las Cortes nos presentan enmiendas sobre la ampliación de horario de funcionarios y su salario y luego ellos, en los ayuntamientos que gobiernan como en Toledo o Cuenca lo primero que hacen es ampliar el horario de los funcionarios a 37,5 horas y no es porque haya obligación sino porque sus ayuntamientos también están pasando esta travesía”.