La Fiscalía de Toledo pide ocho años de cárcel a acusado de abusos sexuales a su vecina menor de edad

La Sección Primera de la Audiencia provincial de Toledo acoge este miércoles, 15, el juicio contra un hombre acusado de abusos sexuales a su vecina menor de edad, en dos ocasiones, para el que el fiscal pide ocho años de prisión y una indemnización de 10.000 euros por daño moral.

El primero de los hechos de los que se le acusa tuvo lugar en la primavera de 2014 cuando la menor tenía 12 años.

Ella se encontraba sola en el domicilio y el procesado, aprovechando esta circunstancia, le pidió que le dejase entrar en la vivienda, a lo que ella accedió por la confianza que tenía al tratarse de su vecino.

Tras mantener una conversación con ella, movido por un ánimo libidinoso, la besó en la boca y comenzó a acariciarla por todo el cuerpo, ante lo que la menor le pidió que no lo hiciera pero él continuó con los abusos.

Al comenzar a llorar la víctima, el acusado se vistió y abandonó la vivienda no sin antes decirle a la menor que no dijera nada de lo ocurrido.

Un episodio similar tuvo lugar en marzo de 2015, cuando la menor tenía 13 años y el vecino aprovechó de nuevo que estaba sola para volver a entrar en la vivienda y decirle que no podía dejar de pensar en ella y que quería mantener relaciones sexuales, ante lo que ella se negó.

Volvió a abusar de ella y horas más tarde la menor se encontró al acusado en las inmediaciones del domicilio, donde él le entregó un monedero con 1.100 euros y le dijo: "Perdóname, coge este dinero pero por favor no digas nada de lo que ha pasado, que me buscas la ruina".

Para la fiscal, estos hechos son constitutivos de dos delitos de abusos sexuales por los que ha solicitado cinco y tres años de cárcel, respectivamente.

También ha pedido la prohibición de aproximación a la víctima a menos de 500 metros de cualquier lugar en el que se encuentre, así como la prohibición de comunicación con ella por cualquier medio, además de la medida de libertad vigilada por un período de cinco años con posterioridad a las penas privativas de libertad y la indemnización de 10.000 euros.