La Fiscalía abre una investigación penal más en residencias de Castilla La Mancha y ya suman 18

La Fiscalía ha abierto 14 nuevas investigaciones penales por la situación creada en las residencias de mayores a causa de la pandemia de la COVID-19, una de ellas en Castilla-La Mancha y suman 176 diligencias abiertas en todo el país, dieciocho en la región.

Son datos actualizados por la Fiscalía General del Estado a 1 de junio sobre las diligencias de investigación incoadas por el Ministerio Público.

Las catorce nuevas diligencias de investigación se reparten en Castilla y León (5), Madrid (4) y una en Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana, Galicia y Castilla-La Mancha.

Así, el global de investigaciones se resume de la siguiente manera: la Comunidad de Madrid encabeza la tabla con 82 diligencias, seguida de Cataluña (32), Castilla y León (20), Castilla-La Mancha (18) Galicia (14), Extremadura (5) y Andalucía, Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana y La Rioja con una en cada región.

Asturias, Canarias, Cantabria, Murcia, Navarra y País Vasco son la comunidades en las que no consta ninguna investigación penal en curso porque los procedimientos se han archivado.

Las investigaciones penales abiertas por la Fiscalía en los diferentes ámbitos territoriales tienen como origen denuncias interpuestas por partidos políticos, particulares y asociaciones, entre otros, algunas "muy genéricas o de índole prospectiva", lo que en ocasiones conduce a su archivo. Así ha sucedido esta semana con seis diligencias, cinco en Castilla y León y una en Aragón.

A estas actuaciones de Fiscalía hay que sumar los 22 procedimientos en marcha en los distintos juzgados del país: Comunidad de Madrid (6), Castilla y León (5), Murcia (3), Cataluña (3) Castilla-La Mancha (2) y uno en Aragón, Extremadura y Galicia.

Más allá de las investigaciones penales, la Fiscalía también ha impulsado alrededor de 190 diligencias de índole civil en el marco del seguimiento de la situación de las residencias y centros de mayores distribuidos por el país.

En estas diligencias, explica la Fiscalía, "se solicita y recibe información actualizada de forma permanente" respecto de la situación de los centros de mayores.