La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ve indicios de delito en las cuentas de Podemos y pide que se investigue
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REDACCION
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redaccionguadanewses/9/9/19
viernes 21 de agosto de 2020, 13:43h
La Fiscalía del Tribunal de cuentas considera que es la justicia ordinaria quien tiene que investigar la contabilidad de Unidas Podemos en las elecciones generales del 28 de abril de 2019, según ha adelantado la Cadena Ser .
Según documentos a los que ha tenido acceso la Ser, el fiscal considera que existen “hechos que permiten fundamentar la existencia de indicios de la comisión de un delito de fraude electoral y otro de falsedad en documento mercantil” y pide que se investigue por la vía penal ambos delitos por los servicios facturados a la consultora Neurona Consulting.
Así, según explica la Cadena Ser, los 290.000 euros facturados a Neurona y que fueron analizados “no tienen la consideración de gasto electoral” (según el artículo 130 de la LOREG) y por ello no son aceptados como “susceptibles de ser financiados con subvenciones electorales”.
Para la Fiscalía los casi 300.000 euros facturados no son gastos de campaña porque la consultoría tenía “naturaleza preparatoria”. Además, no ha quedado “suficientemente acreditado” que los vídeos y diseños publicitarios aportados por Unidas Podemos para justificar los pagos los elaborara Neurona.
Además, el fiscal señala como llamativo que la consultora se inscribiera en el registro mercantil el 19 de marzo de 2019, apenas 15 días antes de empezar a facturar con la formación política.
Fuentes fiscales consultadas por Europa Press apuntan que se ha producido una petición de documentación al órgano fiscalizador a raíz de lo señalado por éste en su Informe de Fiscalización sobre las contabilidades de las elecciones generales del 28-A, conocido a principios de este mes. De ver delito, el fiscal del tribunal de cuentas no podría investigar, ya que debe hacerlo la justicia ordinaria.
Para el fiscal, según la información dada por la citada emisora, los 290.000 euros facturados a Neurona analizados durante la fiscalización de los comicios del 28-A*"no tienen consideración de gasto electoral"* y por ello no han sido admitidos como "susceptibles de ser financiados con subvenciones electorales", apuntando a un posible contrato simulado.