El grupo municipal de IU lamenta que el PSOE haya, con el apoyo de VOX y Cs, una Ordenanza sobre seguridad y convivencia ciudadana generalista, poco clarificadora y que no da soluciones al problema real de la ocupación.
El Gobierno Municipal de José Luis Blanco presentaba en la tarde ayer, una propuesta de ordenanza de seguridad y convivencia ciudadana. Según ha manifestado la portavoz del grupo, María José Pérez Salazar, “hay que procurar una buena convivencia en el municipio y por supuesto, impedir conductas incívicas o delictivas. Para lograrlo hay que disponer de las herramientas necesarias. Sin embargo, lo que no debe seguir sucediendo es que en una localidad con una población de 35.000 habitantes, y más en estos momentos de pandemia, solo haya la mayoría de los días, dos agentes de policía de servicio. No se trata de aprobar ordenanzas, sino de aplicarlas y lo más importante, de disponer de los recursos humanos y materiales suficientes para hacerlas cumplir”.
Pérez ha puesto de manifiesto “el caos que supone tener nueve ordenanzas en vigor regulando prácticamente lo mismo, cuando los grupos de la oposición le aconsejaron a David Pinillos, portavoz del Gobierno, la posibilidad de elaborar un texto refundido para unificar todas las disposiciones en uno solo y actualizarlo”. Además, ha añadido que “se trata de un texto poco clarificador, que no detalla en muchas de los artículos qué es lo que realmente se pretende hacer y que determinadas prohibiciones no son tales porque incluye excepciones”.
Por último, la portavoz de la formación de izquierdas, ha tratado el tema de la creación de un Plan Municipal contra la ocupación ilegal de viviendas que aparece recogido en la ordenanza a propuesta del grupo municipal VOX. Considera “necesario atajar cuanto antes esta problemática, nuestro grupo lleva años denunciándolo, pero lo cierto es que a día de hoy, ninguna Administración puede garantizar con la elaboración de un plan de estas características, la restitución del inmueble a su legítimo propietario, puesto que ninguna de ellas tiene competencias para poder hacerlo.
El tema de la ocupación tiene muchas aristas y para poder hablar con propiedad, es necesario distinguir entre la ocupación de viviendas vacías y la ocupación de vivienda habitual, que no se trata éste último, de un caso de ocupación sino de un allanamiento de morada. En cualquier caso, se requiere un pronunciamiento judicial y por supuesto, de una correcta adecuación de la legislación en materia de viviendas a la realidad social vigente”.
Pérez ha insistido en que “cualquier Administración que afirme que tiene potestad para poder restituir un inmueble a su legítimo propietario, está engañando al conjunto de la ciudadanía”, y le ha recordado al Gobierno de Blanco, que lo “que debe hacer es procurarles una vivienda a todas esas personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y que se han visto en la obligación de ocupar un inmueble vacío para procurarles un techo a su familia y no hacer justo lo contrario, cronificar el problema de la ocupación en el municipio y alterar así la convivencia ciudadana”.
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