Es urgente una firme intervención de la Comisión Europea al haber caído la Justicia española a niveles de degradación cercanos a los de Polonia

Ante los ataques contra la Justicia procedentes del poder político, la Plataforma ha elaborado una denuncia destinada al Parlamento y Comisión europeos y a otras instituciones de la Unión donde reclama una intervención urgente de las autoridades supranacionales al haberse alcanzado niveles de degradación similares a los de Polonia.

La Justicia española está en peligro. Durante este año 2021 la clase política ha emprendido un asalto mediante una serie de reformas legislativas de carácter estructural encaminadas a socavar la independencia judicial. Aprovechando la crisis sanitaria derivada de la epidemia de coronavirus, se han debatido en el Parlamento iniciativas tendentes a limitar las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano máximo de gobierno de la judicatura, así como a reducir la mayoría necesaria para la elección de sus miembros. Por otro lado, se está gestando una profunda transformación de la instrucción penal que acabaría con la independencia de la investigación criminal, lo que favorecería la impunidad de la delincuencia propia de la oligarquía financiera y política.

El asalto a la Justicia se desarrolla en un estado de cosas preexistente que, en sí mismo, ya era preocupante en grado sumo. Así, España es el único país de la Unión Europea donde todos y cada uno de los componentes del máximo órgano de gobierno del Poder Judicial son elegidos por el Parlamento. Además, los nombramientos de altos cargos judiciales, aunque en teoría obedezcan al mérito y capacidad, en la práctica carecen de garantías suficientes para asegurar que no incurren en discriminación por motivos ideológicos o simple favoritismo.

Esta ofensiva se acomete inspirada por una ideología poco compatible con la separación de poderes, al entender que los jueces deben ser sensibles a la influencia política, al emanar la Justicia del Pueblo. Es una visión ya superada que nos retrotrae a formas arcaicas de organización social, más propias de la Edad Media que de una democracia avanzada.

Producto de semejante manipulación es la corrupción jurídica. Se vislumbra el riesgo de pervertir la mentalidad de los jueces españoles, hasta ahora un cuerpo de integridad y honradez intachables. Y es que se les transmite la idea de que, para progresar profesionalmente, no queda más remedio buscar padrinos ideológicos. Se forma, de este modo, una minoría de magistrados que medran a la sombra del poder, los “políticos togados”. Dado que impera una normativa que favorece las puertas giratorias, los jueces colaboracionistas tienen asegurado un camino de ida y vuelta entre la política y la judicatura que favorece una simbiosis de intereses inconfesables. Mientras tanto, la casi totalidad de la carrera judicial se enfrenta a un techo de cristal, una línea infranqueable en su promoción y ascenso, a menos que decidan rebajarse a un juego de negociaciones entre pasillos conocido como “intercambio de cromos”. Muestra de ello es la escasa de presencia de mujeres en los peldaños superiores de la jerarquía judicial, pese a que en la base representan una proporción cada vez mayor. Todo ello aleja a la sociedad de sus jueces al extenderse un clima de desconfianza que cuestiona el normal funcionamiento de las instituciones democráticas.

Este panorama quedaría incompleto sin una referencia a los escasos recursos financieros que el Estado español dedica a la Justicia, cuya proporción de jueces por habitante está por debajo de la media de la Unión Europea. De esta penuria se prevén como especialmente damnificadas la jurisdicción mercantil y social, pues la contracción de la actividad económica derivada de la epidemia mundial acarreará una avalancha de pleitos relativos a empresas en dificultades que amenaza con colapsar los tribunales.

En atención a lo expuesto es urgente una firme intervención de la Comisión Europea al haber caído la Justicia española a niveles de degradación que deben hacernos preguntarnos si nuestro futuro cercano se aproximará al de Polonia.

Fdo: Jesús Villegas
Juez decano de los Juzgados de Guadalajara y secretario general de la Plataforma Cívica por la independencia judicial