Empieza en la Audiencia de Guadalajara el juicio por el incendio de Chiloeches: 2 meses de duración, 21 acusados y se piden penas de entre 14 meses y 19 años de prisión

La Audiencia Provincial de Guadalajara juzga desde este lunes, y durante unos 2 meses, a 21 acusados, 18 personas y tres empresas, por el incendio de la planta de residuos de Chiloeches ocurrido en agosto de 2016, por delitos que van desde participación en grupo criminal, delito de gestión de residuos peligrosos o delito agravado contra el medio ambiente, delito de prevaricación administrativa medioambiental y delito de explotación de instalaciones peligrosas.

La Fiscalía pide penas de entre 14 meses y 19 años de prisión para estos acusados según señala en su escrito de más de 90 páginas, y entre los encartados están seis responsables de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha en diversos cargos en los momentos de los hechos.

En concreto, M.C.Y, director general de Evaluación Ambiental de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha entre 2005 y 2008, para quien el fiscal pide doce años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y 28 meses de multa de cuota diaria de 20 euros, por el delito continuado de prevaricación administrativa medioambiental.

Para C.J.B.O., director general de Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha entre las fechas 2009 y 2011, y para M. B.C., directora general de Calidad e Impacto Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha entre 2011 y 2015 piden sendas penas de tres años de prisión por un delito continuado de prevaricación administrativa medioambiental.

La misma pena de tres años por delito continuado de prevaricación administrativa medioambiental piden para S.D.G.E., delegado provincial de Medio Ambiente en Guadalajara entre 2004 y 2008 y viceconsejero de Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha entre las fechas 2015 y 2016.

Para O.V.S., jefa de Servicio de Control de Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha entre las fechas 2013 y 2018, y para J.M.M.G., jefe del Servicio de Medio Ambiente Industrial y, sucesivamente, jefe de Servicio de Prevención e Impacto Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha entre 2011 y 2018, piden dos años de prisión por el mismo delito que sus compañeros.

Entre los acusados, también se encuentra el entonces concejal de urbanismo y posteriormente quien fuera alcalde, C.U, para el que se pide por el delito continuado de prevaricación administrativa medioambiental cinco años de prisión.

Las penas más altas son para otros acusados por delitos de pertenencia a grupo criminal, falsedad documental, delito agravado de gestión de residuos peligrosos y explotación de instalaciones de residuos peligrosos para quienes se piden penas de hasta 19 años de cárcel.

Para las empresas KUK Mediambiente y Salmedina Tratamiento de Residuos pide penas de dos años por delito agravado de gestión de residuos peligrosos y para el Grupo Layna, esta misma pena y otros dos años pro delitos agravados de explotación de instalaciones peligrosas.

Escrito de la Fiscalía.-

Según el escrito de la Fiscalía, los responsables de la Junta permitieron la autorización de la gestión peligrosa de residuos en las instalaciones afectadas por el incendio y señala que en algunos casos conociendo los incumplimientos de las empresas se les mantuvo la autorización.

Del mismo modo señala numerosos incumplimientos de la normativa de transporte y tratamientos de residuos peligrosos por empleados y empresas implicadas.

El escrito señala que tras la investigación se determina que el incendio fue provocado y derivó en unos daños medioambientales y para la salud pública en un amplio perímetro de la instalación, donde ardieron sin control alrededor de 20.000 toneladas de residuos peligrosos.

Estos residuos generaron una inmensa pluma de contaminación atmosférica que obligó a recomendar el confinamiento de la población sensible cercana, vertidos al río Henares con consecuencias para sus aguas y su fauna piscícola, así como la contaminación de miles de toneladas de tierra.

Se da la circunstancia de que, tras las elecciones de mayo de 2015, el nuevo alcalde de la localidad, en junio de 2016, a través de los técnicos municipales, constató la explotación de las instalaciones en Chiloeches al margen de toda legalidad.

El 17 de junio de 2016 se decretó por la Junta de Gobierno Local la clausura inmediata de las instalaciones con el apercibimiento de abstenerse en el ejercicio de toda actividad, algo que no se hizo y finalmente derivó en el incendio de agosto de ese mismo año.

El escrito considera responsables civiles directos y solidarios a todos los acusados que se sentarán en la Audiencia Provincial de Guadalajara el próximo 20 de septiembre en un macrojuicio que se extenderá hasta el próximo 17 de diciembre.