El PP pedirá en Pleno que la Junta y el Ayuntamiento de Guadalajara no apliquen la ley de Vivienda de Sánchez que "ataca la PROPIEDAD PRIVADA"

El Grupo Municipal Popular ha presentado una propuesta para su aprobación en relación a la nueva ley de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez para que tanto el Gobierno regional como el Ayuntamiento de Guadalajara se comprometan a no aplicarla. Así lo ha anunciado hoy en rueda de prensa la concejala del Grupo Popular Itziar Asenjo quien ha calificado esta ley como “intervencionista y suicida” y que “va en contra de la libertad y de la propiedad privada”, derechos reconocidos constitucionalmente en sus artículos 17 y 33 respectivamente. Asenjo ha asegurado que esta ley “lo único que transmite es inseguridad jurídica poniendo en jaque a los propietarios de inmuebles, e igualmente generando indefensión y desconcierto ante el desconocimiento del concepto ‘’vivienda vacía’’ en España”.

Por ello, desde el Grupo Popular se llevará esta moción para instar al Gobierno regional a que no la aplique, no limitando los precios del alquiler, y para pedir al Ayuntamiento de Guadalajara a que no aplique, por tanto, un recargo en el IBI de hasta el 50% para las llamadas “viviendas vacías”. La concejala Itziar Asenjo ha explicado que dicha ley “no solo afectará a los poseedores de más de diez propiedades, denominados grandes propietarios, sino que también habrá castigo para aquellos pequeños propietarios que poseen inmuebles catalogados como “vivienda vacía”, resultando sorprendente que lo que se encuentra vacío de contenido es dicho término, puesto que es un término abstracto, indefinido y del que se desconoce a qué tipo de inmuebles se refiere”. Y es que, según ha añadido, “nuestra legislación actual no recoge el término “vivienda vacía”, encontrando como única base al respecto una Sentencia del Tribunal Constitucional que versa sobre la Ley de Vivienda del Gobierno Vasco en la que define o cataloga como vivienda vacía aquellos inmuebles deshabitados durante un periodo superior a dos años”.

La ley de Sánchez acorrala al propietario

Según se recoge en la moción, la Ley de vivienda contempla, entre otras cuestiones, regular los precios para bajar el precio del alquiler en base al índice de referencia para todos los contratos en las zonas tensionadas. Ya en el año 2019, el Gobierno de Sánchez decidió que el precio del alquiler solo podrá subir respecto al IPC, lo cual fue calificado por el sector como un “despropósito”, no pudiendo los propietarios de los inmuebles establecer por contrato ninguna subida adicional que no sea la de la inflación, ni ligar el precio del alquiler a ningún otro índice de referencia, siendo esta medida muy criticada por expertos de todas las áreas del sector inmobiliario, considerando la medida una traba a la libertad de mercado, dando un paso a día de hoy acorralando aún más si cabe al propietario.

La concejala Itziar Asenjo ha afirmado que “congelar los precios de los alquileres no es más que una forma de expropiar el derecho a alquilar libremente y cobrar por ello lo que cada uno considere oportuno” y ha recordado que el presidente del Partido Popular Pablo Casado ya adelantó que “esta ley no se aplicará en las comunidades autónomas ni ayuntamientos donde gobierne el PP, además de presentar recurso ante el Tribunal Constitucional por entender que ley vulnera el derecho constitucional a la propiedad privada”. “Es un ataque sin procedentes a la propiedad privada por parte del Gobierno además de ser un ataque a las economías familiares al poner en riesgo los ahorros de las familias que han decidido invertir en propiedades”, ha apuntado.

“La solución al grave problema de vivienda que tenemos en España pasa por dar seguridad jurídica, todo ello con el fin de que los inversores vean a España como un país potencial, y con ello, impulsar el empleo de los jóvenes, aumentando así su poder adquisitivo para que pueden acceder a una vivienda de alquiler”, ha manifestado la concejala del Grupo Popular.

Dado que la última palabra a la hora de materializar buena parte de las medidas, incluida la intervención de los precios, recaerá en las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que son los que ostentan la mayor parte de las competencias en materia de vivienda, y teniendo en cuenta las declaraciones efectuadas por el Gobierno regional de Castilla – La Mancha, donde afirman que la región no tiene “tensiones de mercado’’ siendo la principal preocupación el problema de la ocupación, “expondremos esta moción en el Pleno con el fin de generar seguridad jurídica, estabilidad y confianza a los vecinos de Guadalajara”, ha finalizado Asenjo.