El Tribunal Supremo ordena demoler el hotel y todas las viviendas de la Isla de Valdecañas

La Sala III del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación presentado por Ecologistas en Acción y ha acordado la demolición del hotel, las viviendas y el campo de golf de la urbanización Marina Isla de Valdecañas, construida en una zona protegida de Cáceres. El Supremo ha revocado de este modo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX) en la que se que declaró la imposibilidad material de demoler los edificios ya construidos de la urbanización Marina Isla de Valdecañas.

Según ha informado el tribunal, el Supremo ha estimado el recurso de casación de Ecologistas en Acción-CODA contra el auto que dictó el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en ejecución de las sentencias que declararon nulo el Decreto 55/2007 de la Junta extremeña por el que se aprobaba definitivamente el Proyecto de Interés Regional promovido por Marina Isla de Valdecañas S.A.

Este auto, de 2020, acordaba la conservación del hotel, viviendas, campo de golf e instalaciones que actualmente están construidas y en funcionamiento. El Supremo anula este extremo y acuerda que deberán ser demolidas como el resto de las obras e instalaciones cuya demolición determinaba el propio auto de ejecución. El contenido íntegro de la sentencia se conocerá en los próximos días.

Isla de Valdecañas, espacio protegido
El pasado 19 de mayo de 2021 la organización ecologista daba a conocer que el Supremo había admitido su recurso, con el que pretendían "evitar que se utilicen argucias" para no ejecutar sentencias de demolición de obras "nítidamente contrarias" a la legislación urbanística y ambiental. Ecologistas en Acción recordaba que tres años atrás inició un proceso administrativo y judicial en contra de una urbanización, Marina Isla de Valdecañas, que se diseñó en plena zona Red Natura 2000, un espacio teóricamente protegido y no urbanizable.

A su juicio, resulta "difícil encontrar un caso tan rotundo de vulneración de la legislación ambiental y urbanística como este", con varias sentencias en contra del TSJEX, del Supremo y del Constitucional y con informes del CSIC "que avalaban la necesidad de demoler esta urbanización ilegal". "Por eso, resultó tan sorprendente el auto del TSJEX de 30 de junio de 2020 en el que se declaraba la imposibilidad material de demoler los edificios ya terminados, limitándose a eliminar los que estaban a medio construir", agregó el colectivo.

Ecologistas en Acción destacó que con aquel auto "se sentaba un peligroso precedente, ya que ante vulneraciones palmarias de la legislación urbanística y ambiental, la política de hechos consumados tiraría por tierra toda la normativa de urbanística y de espacios protegidos, como la Red Natura 2000". La organización ecologista agregó que los mismos razonamientos del TSJEX serían aplicables a muchas obras ilegales, "declarándose luego imposible su demolición por el impacto socioeconómico que pudiera provocar, dando carta blanca para construir de forma ilegal".

La Junta esperará a la sentencia
Por su parte, la Junta de Extremadura no valorará la información conocida este martes, sobre el Complejo Marina Isla Valdecañas hasta no conocer la sentencia dictada por el Tribunal Supremo que, "al parecer, se hará pública en los próximos días". De este modo se pronuncia la Administración regional, en declaraciones a Europa Press, después de que el Tribunal Supremo ha estimado el recurso presentado por Ecologistas en Acción y ha acordado la demolición del hotel y las viviendas construidas en el complejo Isla Valdecañas.

Ecologistas en Acción celebra la sentencia
Mientras, Ecologistas en Acción ha celebrado la sentencia del Tribunal Supremo en la que acuerda la demolición del hotel y las viviendas construidas en el complejo Isla de Valdecañas, tras el recurso presentado por esta organización. Una sentencia que llega tras 14 años de pleitos y que da la razón a Ecologistas en Acción, en contra del auto del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de tal modo que "aborta un peligroso precendente". Así se refiere el colectivo al "uso de argucias para no ejecutar sentencias de demolición de obras nítidamente contrarias a la legislación urbanística y ambiental", señala en una nota de prensa.

Según esta organización, resulta "difícil" encontrar un caso "tan rotundo de vulneración" de la legislación ambiental y urbanística, europea, estatal y autonómica, como este, con "varias sentencias en contra" del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), del Supremo y del Constitucional, con informes del CSIC que avalaban la necesidad de demoler esta urbanización ilegal, entre otras.