El Tribunal Constitucional tumba la regulación de los alquileres en Cataluña al estimar un recurso presentado por 50 diputados del PP

El Tribunal Constitucional ha estimado el recurso presentado por 50 diputados del PP y ha anulado parte de la ley catalana de 2020 que limitaba el precio de los alquileres, al entender que las bases de la contratación en materia civil solo le corresponden al Estado, lo que significa que la norma salida del Parlament invadió sus competencias, conforme adelantó EL PERIÓDICO, diario perteneciente al mismo grupo editorial que este medio. La resolución, que se conocerá en su integridad este viernes, no afecta a la ley de vivienda cuya tramitación acaba de comenzar el Ejecutivo.

El fallo, del que ha sido ponente el magistrado Ramón Sáez Valcárcel, ha logrado que el Constitucional recobre la unanimidad que había perdido en sus últimas resoluciones, al centrarse únicamente en las bases contractuales que el artículo 149.1.8 de la Constitución declara competencia del Estado, pues se la otorga en la "legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las comunidades autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan", y en las "bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del derecho".

El recurso que han estimado, tras deliberar en dos sesiones, se dirigía contra siete artículos de la norma (2, tres apartados del 3, 6, 7, 15, 16 y 18, así como dos disposiciones adicionales de la ley de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamientos de vivienda.

En esos artículos se regulan lo que la norma considera mercados de áreas tensas en los que está prevista la aplicación de los topes a las rentas de alquiler previstos. Esas zonas, que debían ser declarados por la Generalitat, englobaban un total de 60 municipios catalanes, según informó el Departamento de Derechos Sociales al cumplirse el primer año de la aprobación de la ley.

La norma fijaba que fuera el departamento catalán competente en materia de vivienda quien fijara "el precio de referencia para los contratos de arrendamiento de vivienda sujetos al régimen de contención de precios regulado" a partir "de los datos que constan en el Registro de fianzas de alquiler de fincas urbanas y de las características adicionales que se tienen en cuenta para calcular dicho índice en cada momento". También las infracciones a su incumplimiento.

El pleno del Constitucional continuará este viernes, al no haberles dado tiempo a resolver todos los asuntos previstos y querer dedicar el próximo en exclusiva a recursos relativos del procés.

"Lo volveremos a hacer".-

En una comparecencia en el Parlament de los portavoces del Sindicat de Llogateres junto a representantes de los cuatro partidos que apoyaron la aprobación de la ley (ERC, JxCat, 'comuns' y CUP), Carme Arcarazo, portavoz del sindicato, ha sido firme: "Que nadie dude que lo volveremos a hacer: volveremos a regular los alquileres"