DURO VARAPALO DE LA UE AL GOBIERNO DE SÁNCHEZ : La Comisión Europea tumba con un informe demoledor el protocolo de crisis eléctrica de la ministra Ribera

La Comisión Europea (CE) ha puesto en entredicho el protocolo de emergencia energética del Gobierno de PSOE/PODEMOS.

El organismo que preside Ursula von der Leyen ha redactado un informe demoledor donde se destacan MÁS DE UNA DECENA de lagunas del plan de preparación frente a los riesgos (conocido como PPR) español frente a una crisis eléctrica y urge a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a REESCRIBIR el plan de contingencia sin más dilación (dicho en román paladino, lo que ha presentado el ministerio de Ribera a Bruselas "es una AUTÉNTICA CHAPUZA", en palabras de expertos del sector energético)

El informe, al que ha tenido acceso La Información, lo firma la propia comisaria de Energía, Kadri Simson. En las diez páginas de las que consta el documento oficial, el Ejecutivo comunitario concede al Gobierno de Pedro Sánchez tres meses a partir de la recepción del dictamen para remitir el nuevo plan de contingencia con las modificaciones pertinentes. El informe está fechado el pasado 14 de junio, con lo que el plazo podría vencer esta misma semana.

Los Estados miembros están obligados a actualizar el citado documento cada cuatro años. El de España data de 2019 y, aunque sobre el papel no vence hasta 2024, lleva meses obsoleto debido al efecto desestabilizador que ha supuesto la guerra en Ucrania. Un dato. El plan español no incluye a Rusia como factor de riesgo, como avanzó La Información en julio. Aunque no es esto lo que ha motivado una crítica contundente desde Bruselas.

La Comisión recuerda a la ministra Ribera que, si bien la regla general dicta que estos protocolos deben actualizarse cada cuatro años, también exigen hacerlo "más frecuentemente cuando las circunstancias así lo exijan".

Por ello, Bruselas insta a Transición Ecológica a revisar su plan de contingencia a la luz de la ofensiva militar del Kremlin para incluir "los riesgos geopolíticos, la dependencia con respecto de los combustibles y de otras cadenas de suministro procedentes de terceros países (...) y los efectos indirectos de otros sectores en la electricidad".

El informe reconoce que el PPR español es "bastante exhaustivo en la descripción del marco y las medidas nacionales", pero considera que, en general, el protocolo no cumple las exigencias del reglamento europeo. La Comisión considera que las autoridades españolas no han sabido describir con la exhaustividad exigida los eventuales escenarios nacionales de crisis de electricidad. "Algunos de los escenarios considerados con un posible impacto transfronterizo no se evalúan, como los problemas de suministro de gas natural", incide el dictamen.

La Comisión solicita al Gobierno una evaluación clara del nivel de riesgo que representa cada posible escenario de crisis y cuestiones más específicas como "planes para reducir la dependencia respecto del suministro nuclear procedente de terceros países". Bruselas también echa en falta la relación de medidas regionales y bilaterales con las que España podría prestar o recibir asistencia de otros países en la presente coyuntura de shock energético, "incluidas todas las disposiciones técnicas, jurídicas y financieras necesarias, así como las medidas nacionales precisas para ejecutarlas".

Bruselas exige pruebas de transparencia en el diseño del plan de la ministra Ribera.-

Quizá una de las carencias más evidentes que señala el dictamen de Bruselas es que el plan de emergencia español "NO incluye una definición de crisis nacional de electricidad", puesto que "NO contiene la información suficiente" como para describir este concepto. En la misma línea, el protocolo cocinado en el ministerio energético del Gobierno PSOE/PODEMOS se ha OLVIDADO de designar a lo que se conoce como 'coordinador nacional de crisis', pese a que, según la norma europea, los PPR de los Veintisiete deben definir las tareas de esta autoridad y especificar sus datos de contacto.

La Comisión Europea también ha puesto el foco en el modus operandi del ministerio de Ribera del Gobierno español a la hora de redactar el plan de contingencia. Según la norma europea, las autoridades pertinentes deben consultar a los agentes implicados. A saber, gestores de las redes de distribución y transporte, compañías eléctricas y de gas natural, organizaciones de consumidores, patronales y organismos reguladores. Los PPR de los Veintisiete deben recoger y publicar los comentarios remitidos por las partes interesadas, un paso que no ha cumplido el protocolo del Gobierno. El plan de contingencia se ha convertido en otro frente abierto para la ministra Ribera a las puertas del invierno.