Nuevo incendio de Page: la Justicia investiga la Alcaldía socialista de Albacete por posible prevaricación

Según publica LIBERTAD DIGITAL este miércoles, el Juzgado de Instrucción nº 1 de Albacete ha decidido incoar diligencias previas de investigación, contra el alcalde socialista Emilio Saez y el concejal de deportes Modesto Belinchón por la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa. Todo ello por el contrato cerrado con los auxiliares de la Vuelta Ciclista de 2021.

La batalla judicial comenzó el pasado mes de agosto de 2022, cuando el Sindicato Profesional de Policías Locales de Castilla-La Mancha interpuso una denuncia ante el Juzgado. La respuesta de la Justicia, atrasada por la huelga, deja claro que "los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de prevaricación administrativa", por lo que ha considerado que es procedente incoar las diligencias previas y practicar aquellas que sean necesarias para determinar la naturaleza de los hechos y personas que han intervenido. También de la documentación remitida por el Juzgado se desprende la personación del Ayuntamiento en la causa.

"Como ya anunció el Sindicato, este asunto se elevó al ámbito penal, ya que en el administrativo se determinó que la denuncia había sido presentada de forma extemporánea, pero se pudo constatar en la documentación del expediente administrativo que el servicio denunciado fue realizado sin contrato", señala el sindicato. "El contrato no pudo formalizarse al incumplirse de forma grave el procedimiento de contratación", añade la asociación profesional.

Tal y como publica LIBERTAD DIGITAL, la historia surge por la contratación de auxiliares para las labores de organización del paso de la Vuelta Ciclista en 2021. "También se pudo determinar en el proceso administrativo que el servicio de corte se realizó incumpliendo los auxiliares los requisitos establecidos en el pliego de condiciones, así como de la legislación de tráfico, ya que 3 de los auxiliares eran menores de 18 años, y de la documentación remitida por la DGT a requerimiento del juzgado, otros 20 no tenían el carnet de conducción requerido, otros 2 lo tenían caducado, y otro se lo sacó después de la fecha de la prueba deportiva, corriendo grave peligro la seguridad de la prueba y sin contar con las garantías legales oportunas", añade el sindicato. "Se constató que el Servicio de la Policía Local no comprobó que los auxiliares cumplían o no los requisitos legales exigidos, ni lo hizo ningún otro servicio municipal", concluye el sindicato.

Los portavoces de la asociación de policías añaden que "el Ayuntamiento y el alcalde como presidente y competente para la formalización del contrato por resolución, a pesar de conocer con antelación suficiente la imposibilidad de la contratación por no reunir los requisitos legales, decidió y consintió a sabiendas, que el servicio se realizara por la empresa, en lugar de proponer a la siguiente empresa de las cuatro ofertas existentes, lo que podría constituir infracción administrativa o dar lugar a la exigencia de responsabilidades penales o contables, tal y como reconoce el propio interventor del Ayuntamiento en sus informes, lo que podría suponer una prevaricación administrativa".

"Con estas graves irregularidades con indicios de ilícito penal y el peligro que se generó en la prueba deportiva y de repercusión social más importante en la ciudad en los últimos años, se constata la nefasta gestión del Servicio de Policía Local, por parte de la Jefatura, consentida y avalada por el alcalde, que debería asumir responsabilidades políticas de forma inmediata", señalan por último. Y todo ello surge a escasos días de las elecciones locales y autonómicas en el feudo del socialista Emiliano García-Page.