Convocan una huelga general en Argentina contra las reformas del Gobierno Milei

El gobierno de Javier Milei envió el miércoles al Congreso de la Nación un proyecto de ley para declarar la emergencia económica y en otros muchos ámbitos en Argentina hasta finales de 2025.

La iniciativa implica la delegación de funciones al Ejecutivo en virtud de la declaración de "emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025", indica el proyecto.

Y este jueves la Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central sindical de Argentina, convocó este jueves a una huelga general para el próximo 24 de enero en protesta por las amplias reformas impulsadas por el Gobierno de Milei.

Según informó la central obrera en un comunicado, también se convocó una movilización frente a la sede del Congreso de la Nación, entre otras medidas de protesta para esa jornada.

El denominado proyecto de ley de 'Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos' declara la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2025, plazo que podrá ser prorrogado por el Ejecutivo por otros dos años, es decir, hasta el final del mandato de Milei, quien asumió la Presidencia el pasado 10 de diciembre.

El Ejecutivo alega que este proyecto se promueve "con el espíritu de restituir el orden económico y social basado en la doctrina liberal plasmada en la Constitución Nacional de 1853".

Milei, cuya formación de ultraderecha La Libertad Avanza tiene una representación muy minoritaria en el Parlamento, ya había firmado la semana pasada un decreto de necesidad y urgencia de desregulación de la economía, incluyendo la derogación de varias leyes, que ha desatado protestas y es objeto de presentaciones de recursos ante la Justicia.

El proyecto de ley presentado este miércoles incluye, entre otros puntos, una reforma de la normativa electoral, cambios en el Código Penal para controlar las manifestaciones callejeras y facultades al Ejecutivo para privatizar empresas públicas.