El rector de la Complutense imputado por el caso Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado ha dictado otra providencia este mismo lunes en la que acuerda imputar al rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, a quien cita el próximo 29 de julio a declarar, y que ya prestó declaración como testigo hace unas semanas.

Es la segunda vez que el juez cambia la situación procesal de un testigo en esta causa: ya lo hizo el pasado viernes cuando acordó investigar a Juan Carlos Barrabés, adjudicatario de varios contratos que centran la causa, apenas cuatro días después de que prestase declaración como testigo.

De este modo, con Begoña Gómez, son ya tres los investigados en esta causa, abierta por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios tras una denuncia del autodenominado sindicato Manos Limpias, a la que se unieron otras acciones judiciales de acusaciones como la organización ultracatólica Hazteoír.

Testifical
En su testifical del pasado 5 de julio, el rector aseguró que se reunió con Begoña Gómez en el Palacio de La Moncloa antes de que empezara el máster e indicó que no era necesario que ella tuviera una licenciatura para impartirlo, sino que bastaba con la experiencia que tenía en el ámbito del desarrollo sostenible de transformación.

Según una de las acusaciones populares que compareció ante los medios tras esa testifical, la de Iustitia Europa, Goyache dijo al juez que llegó a reunirse con Begoña Gómez en Moncloa "antes de que iniciara la cátedra" para discutir y hablar respecto a la materia. "No ha dado más detalles", apuntó el representante de esta acusación popular, Luis Pardo.

Pardo manifestó además que el rector solo precisó que había ido a Moncloa tras haber recibido una llamada de la secretaria de Begoña Gómez porque ésta le quería conocer en persona. En el marco del interrogatorio, se le preguntó a Goyache si había conocido al presidente del Gobierno y dijo que no, según el letrado de Iustitia Europa.

Goyache, que tendrá que regresar como investigado, estuvo respondiendo --los testigos están obligados a responder a todas las partes personadas y a decir la verdad-- durante unos 50 minutos.

Fuentes consultadas por Europa Press, presentes en su declaración explicaron que casi todo el interrogatorio giró en torno a si alguien sin una licenciatura podría dirigir un máster en la Universidad Complutense. Estas fuentes explicaron que el rector señaló que no es necesario ser licenciado dado que puede dirigir alguien que tenga experiencia en la materia, y que en caso de Begoña Gómez ejercía en esa materia que se impartía desde hacía 12 años (2012).

El rector insistió en que no se podía ver a Gómez como una "profesora" de la universidad, sino como alguien que estaba por su experiencia, según Pardo. El juez preguntó a qué tipo de experiencia se refería y Goyache le precisó que a la que tuviera en el ámbito de desarrollo sostenible de transformación, que era el asunto relativo a su cátedra.

Según Pardo, también se le preguntó al rector por el software que Gómez habría patentado en el marco del máster de la Universidad Complutense de Madrid que codirigía. El rector aseguró no tener conocimiento de dicho software ni de ninguna irregularidad vinculada con este.

En su providencia, el juez Peinado se apoya para citar a Goyache como investigado en las testificales tanto de Coello de Portugal como de Doadrio. Ambas se celebraron el pasado viernes 19 de julio y los dos cargos coincidieron, según las fuentes consultadas, en señalar que no tenían competencias sobre las facturas de la cátedra de la esposa del presidente del Gobierno, incluidos los pagos derivados del software desarrollado en el marco de dicha cátedra.

Estas fuentes confirmaron que ambos dieron explicaciones de cómo se creó la cátedra que dirigía Gómez y cuál es el funcionamiento de la Comisión Mixta de seguimiento de la cátedra extraordinaria para la transformación social competitiva que se celebró el pasado 2 de julio.

En concreto, sobre esa comisión el vicerrector Coello de Portugal habría confirmado que no se aceptaron documentos aportados por Gómez relativos a la cátedra por prudencia, dado que había un procedimiento abierto.

Sobre las facturas que refleja el informe elaborado por la UCM presentado al juzgado, explicaron que la Vicerrectoría de Relaciones Institucionales no tiene competencia sobre ese tipo de gastos y, de hecho, Doadrio habría comentado que cuando tuvieron lugar él ya había cesado en el cargo.

Las facturas en cuestión se refieren a tres partidas relacionadas con la cátedra. La primera una factura presentada por la empresa 'Making Science Group S.A.' por la prestación del servicio de desarrollo e implementación de la Plataforma Transforma TSC por importe de 24.200 euros.

La segunda es un contrato menor cuyo objeto fue el 'Servicio de Consultoría y Asistencia para la Escuela de Gobierno-Cátedra de Transformación Social Competitiva' con importe de adjudicación de 18.148 euros.

La tercera partida, por su parte, es un procedimiento abierto simplificado cuyo objeto fue la 'Asistencia y asesoría técnica y tecnológica para la creación de una plataforma de gestión y medición de impacto en la Pequeña y Mediana Empresa' cuyo importe de adjudicación fue de 60.500 euros.

El software
Las mismas fuentes apuntaron que Doadrio sostuvo que recibió orden del rector de que se tenía que hacer una cátedra para Begoña Gómez y que en la creación de esta todo estaba en orden, aunque se hizo con premura.

Cabe recordar que en el procedimiento se han acumulado al menos tres querellas contra Gómez: la de Manos Limpias, que dio origen a la investigación; la de Hazte Oír; y la de Vox.

En concreto, tanto Vox como Hazte Oír mencionaban en sus escritos contra Gómez un presunto delito de tráfico de influencias relacionado con el software que patentó en el marco del máster de la UCM que codirigía.

La formación de Santiago Abascal sostenía que Gómez "prevaliéndose de su estatus personal de esposa del presidente del Gobierno y de su condición privilegiada en la UCM (...) habría desarrollado un software para empresas a través de recursos de naturaleza pública; cuando las empresas Telefónica, Google e Indra, esta última participada en un 28% por la SEPI, declinaron la continuación del proyecto software de la querellada".