Autorizan prorrogar dos años más la aplicación de bonificaciones a usuarios de un trayecto de la R-2 en Guadalajara

La bonificación del peaje, que viene aplicándose desde el 30 de enero de 2023, ha sido una medida efectiva en términos medioambientales y del nivel de servicio, ha informado el Ministerio en nota de prensa.

La misma ha contribuido a ahorrar tiempos de recorrido, tanto para los usuarios que han sido captados por la R-2 por ser el camino más rápido a su destino como para el resto de los vehículos que han permanecido en la red autonómica, por mejora de la vialidad.

También ha supuesto una “previsible” disminución de la accidentalidad global, al derivarse tráfico hacia una carretera de mayor seguridad como la R-2, y ha disminuido el ruido y la contaminación urbana, al captarse tráfico por una infraestructura como la R-2, que discurre por lugares más alejados de núcleos urbanos, frente a una CM-10 que es aledaña a zonas residenciales de Guadalajara.

Por ello, se ha considerado positivo extender hasta el 31 de diciembre de 2026 las citadas bonificaciones, ya que la medida seguirá favoreciendo a los usuarios de la Ciudad del Transporte, que contempla en el futuro nuevos desarrollos logísticos, así como la movilidad en las carreteras CM-10 y CM-101.

La prórroga, que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2025, se autoriza en virtud de lo establecido en el punto Primero, apartado 6 del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 3 de diciembre de 2024, por el que se aprueban las tarifas aplicables en determinadas autopistas de la Red de Carreteras del Estado, así como en el punto 4.3. de la Cláusula Cuarta del Convenio de Gestión Directa entre la Administración General del Estado y la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, por el que se regula la gestión de la explotación de autopistas de titularidad estatal.

Asimismo, la efectividad de la aplicación de la bonificación se supedita a al convenio de colaboración suscrito entre Seitt y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, donde se fijan los importes máximos que esta última abonará para compensar la pérdida de ingresos de la Sociedad por la aplicación de la medida.