Sobre las Minutas de Concejales imputados en el Ayuntamiento de Pastrana

Tomemos perspectiva. En 2009 se denunció ante el Juzgado la posible comisión de delitos contra la ordenación del territorio por el otorgamiento de licencias votadas a favor por los
referidos imputados en sucesivas juntas de Gobierno Local en las cuales participaron.

Licencias de construcción en suelo no urbanizado, cuya ilegalidad fue comunicada al Ayuntamiento en 2008 por los responsables de Ordenación del Territorio y que se ha ratificado
en Informe emitido a requerimiento del Juzgado. A pesar de ello siguieron dando licencias en 2009 también en suelo no urbanizado.

El Juez decidió su imputación junto a la de los tres Arquitectos Municipales que informaron a favor de las licencias. Además, la acusación particular ha solicitado la misma imputación para los Secretarios Municipales.

El mantenimiento de la imputación se establece en base a lo previsto en el artículo 320 del Código Penal (1995). Los imputados concejales alegan ante el Juez que ellos votan a favor según los informes, obedientes y sumisos, pero lo demostrado es que en el Pleno de Noviembre de 2008 Sánchez se despachó a gusto, constando en acta que según su punto de vista debe dejarse que cada uno construya sin urbanización ni cesiones, y que luego el Ayuntamiento procederá a urbanizar, tal como, asegura, ya se ha hecho en otras zonas del pueblo.

Creativos que son el Alcalde y sus concejales, para que luego hablen de lo inútiles y pasivos que son los políticos.

En este punto viene la pregunta clave. ¿Quién es el perjudicado por estas licencias ilegalmente concedidas? Desde el punto de vista penal, el bien jurídico protegido es la Ordenación del Territorio. Desde el punto de vista del perjudicado, sin duda lo es en primerísimo lugar el propio Ayuntamiento de Pastrana pues

a) No recibe las cesiones obligatorias, el 10 % del suelo
b) Debe correr con los gastos de urbanización, que debieran soportar de modo
anticipado los propietarios del suelo. Gastos que se asumen ilegalmente pues siempre deben ser soportados por los propietarios del suelo.

Y en segundo lugar los perjudicados son los propietarios que han decidido respetar la ley urbanística y se han abstenido de promover edificaciones ilegales en sus propiedades.

Vistas así las cosas ¿qué razón o norma avala que el Ayuntamiento deba soportar la minuta de los concejales imputados, cuando precisamente es el propio Ayuntamiento el perjudicado?
En buena lógica, debiera ser el mismo Ayuntamiento el que se querellara contra los imputados o en su defecto se personara en la denuncia como parte acusadora. Pero como los imputados dominan el Ayuntamiento eso no es posible, salvo con la abstención de todo punto exigible del grupo municipal del PP, al que pertenecen los imputados.

Con todo lo dicho, el Ayuntamiento, es decir el pueblo de Pastrana, se hace con el papel de cornudo y apaleado.

Entendemos que la Secretaria, cuya imputación está solicitada, haya forzado llevar al Pleno tan espinosa cuestión pero ella sabe que eso no hace sino enmarañar más el asunto.

En ninguna norma viene recogido que la defensa penal de los concejales imputados en causa penal deba ser soportada por el Ayuntamiento y menos cuando el principal perjudicado del delito sea la propia administración local. Posiblemente hayan abierto la puerta para una denuncia por malversación de caudales públicos.

Lo que precisa el Ayuntamiento de Pastrana es un lavado completo, una inmersión ética que está claro los actuales concejales del PP son incapaces de asimilar, sometidos al dictado de intereses nada acordes a los del Ayuntamiento y por tanto contrarios a los de Pastrana.

Sobre la estricta legalidad de lo acordado, baste recordar el caso “minutas” del Ayuntamiento de Marbella, lugar que al parecer en cuestiones de urbanismo es la referencia para los
gestores del Ayuntamiento de Pastrana.

Fdo.: Fernando Jabonero Orasio