Guarinos señala que las sentencias sobre la Banda de Música confirman la “irregularidad” en la que se encontraban sus miembros

En este sentido, hay una fecha clave en el calendario que hay que resaltar: el año 2002; ejercicio del que data “un informe firmado por dos técnicos de esta Casa, concretamente del jefe de la Asesoría Jurídica y de la Asesora Jurídica, en el que se advierte de las posibles incompatibilidades, así como de la necesidad de incorporar una relación contractual o laboral de los miembros de la Banda, o bien de la regularización mediante la constitución de una asociación que formalizase el oportuno convenio con la Diputación”.

La presidenta de la Diputación Provincial ha explicado también que las resoluciones judiciales “confirman la existencia de una relación laboral entre la Diputación Provincial y los miembros de la Banda”, dejando claro que existen “abrumadoras notas a favor de la laboralidad”.

Además, reconoce expresamente como “incumplimientos por parte de esta Casa y de los anteriores equipos de Gobierno el hecho de que estos puestos de trabajo no aparezcan en la RPT, o el hecho de que los trabajadores no estaban dados de alta en la Seguridad Social”. También se reconoce expresamente los “incumplimientos de aquellos miembros de la Banda que, siendo empleados públicos, no solicitaron la obligada compatibilidad” y añade que “deben depurarse las responsabilidades administrativas y/o de cotización que procedan”.

Constitución de una asociación, única posibilidad de regularización
Por otro lado, es importante resaltar que las resoluciones judiciales reconocen igualmente la “voluntad inequívoca” de la Diputación Provincial de tratar de buscar una solución jurídica al respecto, a través de las diversas reuniones que se han venido manteniendo desde finales del año 2011. Estas resoluciones “reconocen también sin ningún género de dudas que la única posibilidad de regularización jurídica de la situación de los miembros de la Banda de Música habría pasado por la constitución de una asociación constituida por los músicos”, ha dicho Guarinos, “solución que este equipo de Gobierno ha venido proponiendo desde el primer momento, y los miembros de la Banda se han negado a aceptar, pese a ser la única fórmula jurídicamente válida para mantener la Banda en las condiciones actuales”.

El fallo considera la existencia de despido puesto que no existe una fecha cierta de reanudación de la actividad de los miembros de la Banda en la resolución dictada el 2 de abril del 2012, y declara la improcedencia del mismo condenando a la Diputación en el plazo de cinco días bien a la readmisión, bien a la indemnización en las cuantías fijadas. “Condena a este equipo de Gobierno por una actuación irregular del anterior y por tratar de hacer las cosas bien conforme a la ley, y por lo que los anteriores equipos de Gobierno hicieron mal, a sabiendas de que lo estaban haciendo desde el año 2002”.

Intento de acuerdo hasta el último momento
“Siento profundamente esta situación porque hasta el último momento, hasta el día del primer juicio el pasado día 3 de septiembre, se ha intentado por todos lo medios llegar a un acuerdo”, ha expresado Guarinos, “y tengo que decir que quien más ha insistido en el mismo ha sido este equipo de Gobierno a sabiendas de las consecuencias que para todas las partes podrían derivarse”.

Por ello, ha dicho Guarinos, “los miembros de la Banda podrán reprocharnos muchas cosas, pero no la voluntad de acuerdo y de diálogo que en todo momento ha existido por nuestra parte y que ellos no han aceptado, pese a plantear la única solución posible: la de la asociación, una solución que la propia resolución judicial plantea como “la única posibilidad de regularización jurídica”.
“Lamento también y finalmente el perjuicio ocasionado a esta Diputación, por tratar de ajustarse a la ley, y por las consecuencias que estas resoluciones van a suponer para muchos miembros de la Banda de Música, ya que quienes compatibilizaron sin poder hacerlo, ahora van a tener que devolver las cantidades indebidamente cobradas. Y lo mismo va a suceder con quienes siendo pensionistas simultanearon las compensaciones de la Banda con una pensión de jubilación”, ha apuntado Guarinos.

Ante esta situación, la Diputación Provincial de Guadalajara estudia las resoluciones judiciales con un plazo de cinco días para la posibilidad de recurrir, aunque “existe una elevada probabilidad de que estas no se recurran, porque como ya dije en el Pleno del Ayuntamiento el viernes pasado, era obvia la existencia de una relación laboral que durante años ocultó el anterior equipo de Gobierno, a sabiendas desde el año 2002, de que era así”, ha añadido Guarinos.

“Y teniendo en cuenta la situación de muchos de sus integrantes, al ser personal funcionario o laboral de otras administraciones, o jubilados o pensionistas, que se encuentran en situación de incompatibilidad, ya les adelanto que la alternativa más probable es la de la indemnización”, ha finalizado la presidenta de Diputación, que ha estado acompañada por la diputada de Cultura, Marta Valdenebro, agradeciendo a los miembros de la Banda que no han demandado a la Institución Provincial.